Sobran las pancartas

Tras la última reunión, hace ya más de 15 días, de la alcasenadora Nevado con los miembros de la Plataforma “Cáceres con el Cefot”, parece que quedó meridianamente claro que el asunto del cierre de la instalación militar en la ciudad se había solucionado. Una de las principales fuentes de ingresos de esta capital de provincia había quedado a salvo de los recortes del gobierno del PP por la valiente y decidida de Elena Nevado. En realidad, no llegó a tal extremo de rotundidad (al parecer) con los miembros de la Plataforma, pero la inactividad de esta junto con el constante y machacón “argumentario” que el entorno del PP local y regional transmiten es que se trata de un asunto cerrado.

Incluso, durante los fastos de celebración del Primer Año de la Victoria, el asunto ni siquiera se mencionó (y dudo de que algún periodista lo preguntara). Asunto cerrado.

Pues dado que es asunto cerrado, con gran éxito por parte de la alcalsenadora Nevado, deben eliminarse las pancartas que afean las barandas de los pasos elevados sobre rotondas, y que no aportan a los conductores y acompañantes que pasan bajo ellas ninguna información relevante sobre la ciudad.

Y, por supuesto, debe eliminarse la pancarta que, a modo de barricada, se colocó en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, significativamente en la zona donde se encuentra el despacho de la alcaldía. Eliminar la barricada, digo, la pancarta sería la máxima aclaración a que el futuro del Centro militar de formación de nuevos soldados está resuelto y garantizado.

Elíminese la pancarta de su ubicación, que afea la fachada de la casa consistorial y que además perturba el paseo agradable de los cacereños por la Plaza Roja, y que han de contestar a cuantos visitantes miran y se preguntan, los más educados, que a qué se refiere esa pancarta. Y los más ordinarios (turistas de mochila, alpargata y cámara de 59 euros del Carreful) sencillamente preguntan: ¿qué coño es eso del cefot?

Las pancartas, cuando en realidad son barricadas, se eliminan una vez conseguido el objetivo. Y cualquier mindundi, chichinabo, botijero,IBM, traidor y demás allegados al PP local, provincial y regional se encargan de airear el éxito conseguido.

De la mediación implorada a Rajoy, nada se dice. De si Rajoy llegó a ver la carta de Elena Nevado implorando su mediación ante el ministro de Defensa, tampoco. De la carta enviada al Ministro de Defensa, nada se dice. Nada se sabe. Para qué.

Elimínese la pancarta, y el balcón municipal quedará en todo su esplendor, libre de barricadas.

Vale.

Listas, equipos y silencios periodísticos

A lo largo del mes de agosto, y al hilo de las primarias para la candidatura socialista en la Comunidad de Madrid, se han venido publicando diversas informaciones en la prensa local cacereña sobre unas posibles primarias para encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento local. Muy interesantes las informaciones, ya que en ningún momento se incluía en ellas referencias a los procedimientos fijados por la Comisión Ejecutiva Federal socialista, y, por tanto, orilladas exclusivamente, si fueran veraces las noticias, a intereses individuales. Intereses nada objetables, por otra parte.

Sin embargo, y mientras en los medios de comunicación se había publicado en fechas anteriores que la dirección del PP extremeño había decretado la candidatura de Elena Nevado por el partido de la derecha, sin ningún tipo de debate interno, los dos medios escritos alientan que ese debate se produzca en el partido que gobierna el Ayuntamiento. ¿A que se debe que se aliente ese debate en un partido y no se haga la más mínima crítica cuando en el otro ni se plantea? En estos meses de verano, los estudiantes de periodismo hacen las prácticas. ¿Estarán aprendiendo ya que a la derecha se le permite cualquier cosa y que a la más mínima hay que criticar a la izquierda?

No importan las listas a los medios de comunicación, les importa las personas, más fácilmente criticables. Pero, políticamente, las listas no deberían importar a los partidos democráticos, como no le importan a la derecha. Deberían importar los equipos.

Los equipos políticos que concurren con unas determinadas siglas y con unas determinadas proyecciones ideológicas deben, deberían, ser más importantes para los ciudadanos, y, por ello, más interesantes para los periódicos. Claro, que también hablamos de periódicos y periodistas, y eso, en Cáceres, es una cuestión que deja mucho que desear.

Así, mientras los periodistas locales, más gacetilleros que escritores de prensa, se han interesado por este o aquel nombre que pudiera estar interesado en que hubiera primarias en el partido socialista cacereño, han estado especulando con nombres. Pero esos gacetilleros locales, todos, tienen desde finales de julio una información, contrastada por ellos mismos, de la inclusión más que posible en la lista del partido de la derecha de una persona conocida, profesional militar, que está avalada por un importante sector del PP local y guardan silencio.

A los periodistas locales no les interesan las listas de los partidos a las elecciones, mucho menos los equipos de personas que conformen esas listas. A los periodistas, gacetilleros locales, les interesan las personas, los individuos, sobre los que pueden influir porque salir en los papeles en una ciudad pequeña y pacata puede ser determinante para las aspiraciones, cortas, de algunos: una foto en el periódico es un éxito.

Sin embargo, esos mismos periodistas callan cuando, teniendo una información contrastada, que afecta a la derecha, se les pide que no la hagan pública todavía, porque no interesa, porque puede ser contraproducente o porque esperan el mejor momento para que tenga el mayor y más beneficioso impacto electoral. Vamos, que se pliegan los gacetilleros a la estrategia militar.

Vale.

Viviendas en stock

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de abril, se refirió a la existencia de un stock de 700.000 viviendas, a finales de 2009, cuando a finales de 2008 el stock alcanzaba las 613.000. Se trata de viviendas nuevas, sin vender.

Si consideramos el referente de que por cada vivienda en construcción el número de puestos de trabajo necesarios para ello es de 4, tenemos un stock de parados de 2.800.000. Este dato, que no es neto por la influencia del Plan E, sí es suficiente para explicar cuál es la causa básica de que en España el paro alcance prácticamente el doble que en Europa. No hay que olvidad que la capacidad de absorción del mercado español de vivienda está en 200.000 unidades al año, tardaremos 4 años en eliminar el stock existente, pero en ningún caso, si no se cambia de modelo económico, podríamos recuperar el impacto de los 2.800.000 de parados generados por el sector inmobiliario.

Una fórmula, ensayada en varias CC.AA., para disminuir el stock de viviendas nuevas sin vender ha sido su conversión a viviendas a precios tasados. Fórmula claramente insuficiente porque no se tiene en cuenta los factores que intervienen en el precio de la vivienda. El promotor o el constructor pueden disminuir el precio en los elementos que han podido controlar, en la producción. Pero no pueden disminuir el peso del precio del suelo en el final de la vivienda si no quieren incurrir en pérdidas irreparable.

Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, el precio del suelo se disparó hasta límites insospechados, de manera que puede considerarse en muchas promociones una incidencia del 50% del precio final de la vivienda. Este hecho, debido exclusivamente a las decisiones políticas del gobierno de Aznar, pesan como una losa sobre el sector inmobiliario español. Por una lado, porque el stock de viviendas terminadas sin vender se asienta sobre precios del suelo ya pagados y que impiden a los promotores rebajar el producto final, y, por otro, porque muchas operaciones de suelo realizadas en tanto estuvo vigente la Ley 6/1998, hasta la entrada en vigor del la Ley del Suelo de 2007, se asentaron sobre expectativas de precios que garantizaban a sus propietarios unos beneficios desorbitados. Las empresas que se convirtieron en cautivas de una política ultraliberal en materia de suelo, ahora son cautivas de su propia ambición, cuando no víctimas, y extienden su falta de rigor sobre las pequeñas empresas que ven que teniendo suelo en propiedad, prácticamente amortizado por ejercicios económicos solventes anteriores, no pueden obtener financiación para proyectos futuros ni siquiera a precios iguales a la VPO porque las entidades bancarias también son culpables de haber financiado, sin rigor, con la alegría propia de la legislación que se lo permitía y lo aleccionaba, y tienen un índice de morosidad muy elevado en el sector.

Cada vez que en los medios de comunicación de la ultraderecha, o cada vez que algún vocero del PP se refiera con desparpajo al número de parados, hay que recordarles que 2.800.000 parados deben su situación a la política de la derecha, a su interés en hacer ricos a los terratenientes (¿verdad, Esperanza Aguirre?) aún a costa de un modelo económico puramente especulativo.

Vale.

Ayudas públicas: las cenizas del neoliberalismo.

Mientras escribo este post, se debaten en el Congreso las medidas del “palacio de Zurbano”, en las que tienen una importancia básica el desembolso de fondos públicos. También en estas fechas los Ayuntamientos de toda España están licitando las obras aprobadas dentro de la segunda fase del Plan E. Y los empresarios del automóvil reclaman la prolongación de las ayudas para adquisición de coches. En realidad, todo un gran plan E, que no es otra cosa que un PER a gran escala. Ya lo dijo hace poco Rodríguez Ibarra en “Salvados”: ¿qué es el Plan E si no un PER?

La derecha, encabezada por la dirección del PP, critica estas acciones del Gobierno, mientras los ayuntamientos gobernados por sus conmilitones se echan de hoz y coz a pedir financiación para proyectos con fondos del Plan E.

La derecha mediática, todas esas emisoras de radio y televisión adjudicadas (¿gratuitamente?) por el gobierno de Esperanza Aguirre critica sin parar el Plan E.

Pero hoy en los medios de comunicación aparecen los primeros, tímidos, intentos de un grupo de empresas (en toda Europa) que ante el desastre ocasionado por la nube de cenizas del volcán islandés, ya están pidiendo ayudas públicas. Son las compañías aéreas, a las que seguirán las empresas hoteleras que han visto canceladas miles de reservas, los chiringuitos de playa que no venderán miles de raciones de paella…

Lo de las ayudas a empresas aéreas es una sinvergonzonería sin tasa, que será secundada por la derecha política y la derecha mediática: son empresas que cotizan en bolsa, que tienen accionistas que cuando reciben dividendos los guardan bien guardados y no se los ofrecen al Estado.

El neoliberalismo económico que tanto le gusta a Montoro y sus estudiosos discípulos y seguidores se demuestra como lo que es: hipócrita y sinvergüenza.

Las cenizas del volcán islandés son las cenizas del capitalismo salvaje y de la hipocresía política de los neoliberales, a los que no les importa, cuando están llenando los bolsillos de dividendos y beneficios sin control, hacer todo lo posible por destruir y desprestigiar al Estado, y cuando una ráfaga de viento les voltea una esquina de la cartera acuden llorando, cobardes, a que papá Estado les socorra.

Vale.

Hablan los generales. ¿Hablarán los ciudadanos?

El diario El País publica un reportaje en el que varios generales hablan de las Fuerzas Armadas. Y eso está muy bien.

http://www.elpais.com/articulo/portada/Hablan/generales/elpepusoceps/20100228elpepspor_7/Tes

Está muy bien que los militares, en este caso, los generales expongan sus opiniones. Hasta ahora, las opiniones de los militares sobre los conceptos básico de la defensa nacional y el papel de las fuerzas armadas se han venido reduciendo a artículos en prensa (normalmente en medios conservadores) de algún ex alto mando. Últimamente son prolíficos en sus artículos los generales Alejandre y Pitarch, con mayor o menor nivel crítico con la política militar y/o de defensa del gobierno, según el asunto sobre el que escriben.

Está muy bien que los generales hablen y digan cosas que la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluida la denominada “clase política” desconocen.

El general Villamía dice: "la mayor adaptación de la sociedad española en los últimos 30 años la hemos hecho nosotros. Hemos sido un modelo. Y sí, ¡estamos orgullosos! ¿Por qué no decirlo? Representamos lo que son los ciudadanos y somos una buena representación". ¿Para cuándo una adaptación semejante en la Justicia? digo yo.

El general Varela Salas, jefe de la brigada de La Legión: "Somos una herramienta de la política exterior del Gobierno".

El general Asarta, jefe de la FINUL en Líbano: "Yo, de uniforme, soy el general Asarta; el fiel de la balanza, y no puedo ni debo decantarme. Cuando me quito el uniforme soy un ciudadano y expreso mis ideas, pero nunca como general".

El general Rodríguez, Jemad, dijo en un discurso en noviembre: "Nuestra transformación estará realizada cuando al encontrarse con un periodista, un general perciba una oportunidad más que una amenaza".

Estas opiniones de generales, extractadas del artículo de El País, demuestran una evolución social (al final, evolución política en el sentido griego del término, no en el sentido rosadiez) de cómo son las FAS constitucionales y cuáles son los conceptos que manejan en su trabajo.

Está muy bien que hablen los generales, y que cuando un general se encuentre con un periodista entienda que es una oportunidad, no una amenaza.

Pero estaría mejor, mucho mejor, que los líderes sociales y políticos, a todas las escalas entendieran cuál ha sido la evolución de la forma de entender su función que han tenido los miembros de las fuerzas armadas españolas. Porque, todavía hoy, cuando sale el tema militar en cualquier conversación, termina siendo reducido a anécdotas de la mili. Y nada más.

Es inaudito que desde el reportaje de El País se pueda apreciar una visión de conjunto tan completa de cómo han evolucionado las FAS y que todavía el conjunto de la sociedad civil se limite a recordar anécdotas de la mili.

Si difícil y largo ha sido el recorrido que han tenido que seguir los periodistas del medio madrileño para llevar adelante el reportaje, más largo y más difícil sigue siendo el camino para que la sociedad en general aprenda conceptos básicos en materia de defensa y seguridad.

Hace poco leía, en el blog de Luis Solana, que está bien que los generales hablen de los asuntos de defensa y seguridad (se refería a los que ya han pasado a la reserva y publican artículos regularmente), pero que sería mucho mejor que sobre esos temas se expresaran también civiles. Pero esto va a tardar. Los líderes políticos y sociales desconocen cómo moverse en esos conceptos, aunque hay muchos instrumentos para formarse en estos asuntos. De momento, no interesan. Y si no, vean en las webs de los dos principales partidos los espacios dedicados al asunto. Vale que el PSOE está gobernando y su dedicación política a estos asuntos se hace desde el propio gobierno, pero no estaría de más que la web tuviera al menos enlaces con documentos de trabajo adecuados. Y el PP se limita a poner un pequeño listado de lo que harían (referido al programa electoral con el que perdió las última elecciones) si gobernaran.

Vale.

Error estratégico del PSOE

Las declaraciones de dirigentes del PP acusando al presidente de inquisidor, y acusando al gobierno socialista de haber desatado una conspiración contra el partido de la derecha profunda, han obtenido una respuesta estratégica equivocada por parte del gobierno y del PSOE.

Mariano Rajoy es consciente de que los avances en la investigación del caso Gürtel, y, últimamente, el caso Palma Arena, están llevando a los jueces a aproximarse a lo que podría resultar una financiación ilegal del PP. En esta situación, y con la dirección judicial de Federico Trillo, la estrategia desatada por el PP con la supuesta conspiración ha sido mal entendida por el PSOE. Estas acusaciones de conspiración, las acusaciones de escuchas ilegales (sin pruebas, por supuesto), no van encaminadas a conseguir un desgaste político del partido en el gobierno. Y este es el error del partido socialista.

Al PP no le interesa, de modo directo en estos momentos, tanto el desgaste político de Zapatero, sino soltar a diestro y siniestro falsas acusaciones de ilegalidades que pudieran haber cometido policías, fiscales y jueces en la investigación de los casos de corrupción que trepan por todas las plantas de Génova, 13. Conseguir ese desgaste sería un efecto colateral beneficioso si consiguen su objetivo judicial, el único objetivo judicial que se ha fijado Mariano Rajoy con el trabajo sucio de Trillo. No es otro que conseguir que el caso Gürtel se convierta en un caso Naseiro II.

De ahí el error estratégico del PSOE: ha entrado al trapo de las acusaciones de supuestas y falsas conspiraciones, cuando debería haber puesto negro sobre blanco, cada vez que se haya visto obligado a responder, que es una estrategia de defensa ante las consecuencias penales de las investigaciones que atenazan la garganta de Mariano Rajoy.

El único objetivo político que tiene el partido de la derecha profunda es salvarse de las acciones judiciales. En ese objetivo, las acusaciones de conspiración contra el gobierno y el PSOE son una mínima parte y no son el centro de la estrategia judicial que se han marcado.

El trabajo (bastante sucio, por cierto) jurídico que está desarrollando Federico Trillo es conseguir que las pruebas obtenidas contra el PP por financiación ilegal sean declaradas nulas. Les da igual que ello conlleve atacar a todas las instituciones, a la policía judicial, a la fiscalía, a los jueces. En cualquier país democrático, la estrategia jurídica puesta en marcha por Federico Trillo (que debería estar fuera de la política, si no en la cárcel, por la muerte de 62 servidores públicos) debería ser suficiente para que el colegio de abogados le abriera un expediente de expulsión por mala práctica jurídica.

El PSOE debería, en su estrategia, no caer en la respuesta (fácil, por otra parte) a las acusaciones de conspiraciones, sino centrarse en decir, públicamente, que esas acusaciones son parte de la estrategia de defensa ante la justicia puesta en marcha por el PP para intentar que las investigaciones del caso Gürtel no avancen porque saben que llegarán al corazón económico y político de Génova, 13. Y, por cierto, no hay que olvidar que las investigaciones del caso Gürtel están en el ámbito del Código Penal.

Vale.

Mentiras de destrucción masiva

Cuando escucho a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hablar de escuchas ilegales a dirigentes de su partido, acusando sin pruebas a diversas instituciones del Estado, gobierno incluido, por supuesto, no puedo si no recordar la trayectoria de mentiras de destrucción masiva que el gobierno del PP en la legislatura 2000-2004 perpetró y de las que no solamente no se ha recuperado, sino que convierte en eje de su estrategia.

María Dolores de Cospedal era la Subsecretaria del Ministerio del Interior, con Ángel Acebes, cuando su jefe político de entonces y de ahora, José María Aznar, decía, sin rubor alguno, aquello de "creánme ustedes, en Iraq hay armas de destrucción masiva". Ahora, la alumna aventajada afirma "creánme ustedes, a los dirigentes del PP nos han pinchado los teléfonos".

María Dolores de Cospedal era la Subsecretaría del Ministerio del Interior, o Ángel Acebes, cuando en la misma mañana de los atentados del 11-M, en el gabinete de crisis (de partido) presidido por Aznar y al que asistió Acebes y también asistió Arriola, que era el asesor electoral del partido, pero no miembro de la administración, se afirmó: "si ha sido ETA, ganamos las elecciones de calle". Y la mentira hizo mella y Acebes, en contra del magnífico trabajo policial, siguió abundando en ella, y hasta Mariano Rajoy la aprovechó en una entrevista de propaganda política que le regaló Pedrojota el mismo día de las elecciones.

Pero... claro, qué se puede esperar de María Dolores de Cospedal: aprendió de su jefe de entonces y de ahora, Aznar, el valor político de las mentiras de destrucción masiva. Y también aprendió, de su antecesor en la secretaría general del partido, Ángel Acebes, que la mentira es el único instrumento ideológico que la derecha, la extrema derecha, tiene para conseguir el poder.

La señora Cospedal debería aprendido la lección. Pero, no, vuelve a su libro de cabecera, a su único bagaje político.

Vale.

Montoro y Arenas no saben matemáticas

“El sistema es poco transparente y muy complejo, como resultado de una negociación en la que se ha pretendido contentar a todos, creando una gran incertidumbre respecto a los efectos de su aplicación que sólo se resolverá en 2012 con la primera liquidación del modelo”.
Este párrafo es la sexta y última conclusión del comunicado de prensa del PP tras la reunión de Javier Arenas y Cristóbal Montoro con los consejeros de Hacienda de las CCAA gobernadas por la derecha.
Es el resumen de una constatación que recuerda el momento glorioso de Mariano Cuchara Rajoy, cuando en el Congreso de los Diputados acusó a los socialistas de que saben leer.
El PP, comenzando por su teórico de la economía, Montoro, descalifica el Plan de Financiación de las CCAA de una forma clara y evidente. Después de cinco conclusiones de orden político, la sexta y definitiva demuestra que Montoro y sus consejeros de Hacienda no saben matemáticas a un nivel adecuado.
El Plan consta de unas 75 páginas, de las cuales, unas 30 se resuelven con complejos cálculos matemáticos, fórmulas financieras (¿Excel? ¿Open Office? ¿Math Lab? ¿SPSS?) que los economistas manejan habitualmente. Pero los economistas del PP siguen con el papel de estraza y el lápiz de carpintero.
Por ello, la conclusión sexta del comunicado del PP demuestra que desde Montoro a sus consejeros de Hacienda de las CCAA que gobiernan no tienen ni idea de matemáticas financieras o económicas y tienen la pereza suficiente (vagancia, más bien) para utilizar las fórmulas incluidas en el plan de financiación y simular los posibles escenarios de 2012 y adoptar el más adecuado y el más inadecuado.
Lejos de estudiarse el Plan, lo que hacen es decir que es muy complejo, que tienen ganas de irse de vacaciones y que ya estudiarán en septiembre… otra vez.
Vale.

Rita Barberá, las anchoas y dos escalones menos para el banquillo

Como era de esperar, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha tardado mucho en contestar al disparate de Rita Barberá, pretendiendo que el presidente del gobierno, Zapatero, habría cometido el mismo delito que se imputa a Francisco Camps y por el que es muy probable, más que probable, que tenga que sentarse en el banquillo.

El delito, tipificado como "cohecho impropio", que habría cometido Zapatero sería el haber recibido dádivas (anchoas) ofrecidas por Miguel Ángel Revilla. En el presunto razonamiento (¿tan desesperados están que razonan tan mal?) de Rita Barberá, recibir anchoas de regalo del presidente cántabro es un delito igual que el que se le imputa a Francisco Camps. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Tras las declaraciones de Revilla ("en las antípodas de la corrupción y del señor de los trajes", afirma), y con la "doctrina Barberá", el Tribunal Superior de Justicia de Valencia puede añadir un nuevo delito por el que investigar y, seguramente, juzgar, a Francisco El Curita Camps: "cohecho impropio cometido con un bote de anchoas de la marca Revilla".

La desesperación es mucha en el PP, y más en el PP de Valencia, que a costa (nunca mejor dicho) de Costa, Campos, Betoret y Camps y a costa de una defensa tan cerrada por unos trajes de José Tomás, parece que, en realidad, están tratando de que los trajes taponen lo que parece cada vez una madeja mayor.

Vale.

Piratas en el Índico

El apresamiento de dos grupos de piratas por el buque de la Armada española “Marqués de la Ensanada” y la orden de su puesta en libertad dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Andréu, pone de manifiesto la importancia que el derecho tiene en un Estado, como el español, en el que las garantías son el fundamento primordial de su ordenamiento jurídico.
Cuando estamos cansados de ver informes jurídicos de eminentes o prominentes despachos de abogados que se basan, para los intereses económicos de quienes les contratan, en que determinadas prácticas no están prohibidas expresamente por las leyes y, por tanto, pueden ser asumidas, y de hecho muchas veces lo son, por las administraciones, unos hechos delictivos per se, las acciones de los piratas, no pueden ser tomadas en consideración porque no existe regulación del delito. Es decir, mientras se admite como ordinario en distintas áreas del derecho que la no prohibición expresa de determinada práctica (por ejemplo, para los convenios urbanísticos, antesala de la corrupción), ahora nos encontramos en la situación de tener que admitir que un delito, la piratería, no puede juzgarse por no estar prohibida.
En estos momentos, está en tramitación en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal, que incluirá el delito de piratería, o mejor dicho, que volverá a introducir en el Código dicho delito, que se había dado por erradicado, como algunas enfermedades.
Mientras tanto, España ha liderado la puesta en marcha de la operación Atalanta, nacida tras el apresamiento por piratas, hace poco más de un año, del atunero vasco “Playa de Bakio”. Para participar en dicha operación contra la piratería han sido necesarios acuerdos del Consejo de Ministros, conocimiento por el Congreso de los Diputados de participación de tropas españolas en la misión internacional, firma de acuerdos internacionales… Todo ello, sin embargo, no es suficiente para que un juez, en el ejercicio garantista del ordenamiento jurídico español, emita un auto decretando la libertad de los piratas, sin ni siquiera permitir que puedan ser entregados a Kenia, como ha sido realizado por otros países (Alemania, Francia) que también carecen en sus respectivos Códigos Penales de regulación del delito de piratería.
Esta situación va a ser aprovechada por el PP para lanzar duras críticas a la ministra de Defensa, lo que en definitiva no será otra cosa que deslegitimar, o tratar de deslegitimar, acuerdos del Consejo de Ministros, acuerdos del Congreso (con el voto favorable del propio PP) para enviar tropas al Índico, acuerdos internacionales.
En la práctica, la inexistencia en el Código Penal del delito de piratería, servirá al PP para piratear la política de Defensa, lo que debilitará la acción de nuestras FAS en la operación Atalanta, y debilitará la moral de las tropas que la forman. Pero esto último, que es muy importante, a la derecha le da igual mientras les aproveche para su convento.

Vale.

Suspensión de militancia, aprobación de conductas

La sucesiva imputación de tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid (Alberto Bosch, Martín Vasco y López Viejo) por su implicación en el caso Correa solamente ha tenido los efectos que seguramente la dirección del partido buscaba: simular coherencia y corrección política en titulares de prensa, sobre todo en la amiga, la que hagan lo que hagan los peperos les aplauden con las orejas.

La realidad es que esa suspensión de militancia carece de efectos, porque los diputados suspendidos se reincorporan con total naturalidad a sus escaños para sumar sus votos a los de los demás miembros del grupo de la derecha, con total disciplina de partido, como debe ser.

¿No deberían suspenderlos también de pertenencia al grupo popular de la Asamblea de Madrid? ¿Cómo debería materializarse esa suspensión de militancia en el partido respecto del grupo en la Asamblea madrileña? Sin duda, la solución es que pasaran a integrarse en un grupo mixto, si existiera, o la creación de un nuevo grupo, Populares Suspendidos.

Sin embargo, habría un asunto a seguir como consecuencia de las decisiones judiciales de imputación y de imposición de fianzas, en algún caso de casi un millón de euros. Se trataría de saber cómo hacen frente los imputados a la constitución en sede judicial de las fianzas. Si las avalan con bienes propios o si recurren a avales bancarios.

Especial interés tendría saber si finalmente recurren a avales bancarios. Cuando a cualquier ciudadano, trabajador, empresario, los bancos les niegan el pan y la sal, sería muy relevante saber si a estos imputados les conceden avales con los que hacer frente a las decisiones judiciales, teniendo en cuenta que esas fianzas están relacionadas con las cantidades que podrían haber obtenido de las actividades presuntamente delictivas por las que la Justicia les reclama su imputación y posible procesamiento penal.

Vale.

Recuentos electorales

Celebradas las elecciones gallegas y vascas el 1 de marzo, y tras pasar bastante tiempo para que los resultados se asienten, está meridianamente claro que el PP ganó con mayoría absoluta en Galicia, con 38 escaños, suficiente para gobernar en solitario. El PSG mantuvo los 25 escaños de la anterior cita electoral, y solamente la pérdida de un escaño por el BNG privó a la coalición formada por socialistas y nacionalista de un nuevo mandato. Tiene razón el PP para sentirse y sacar pecho por haber "recuperado" su feudo gallego.

En cuanto a las elecciones vascas, el mapa político es más complejo. De entrada, el tripartito en el gobierno (PNV-EA-EB) concurría a las elecciones con la variable de que PNV y EA lo hacían por separado, cuando en las anteriores concurrieron juntos. Y con la importante variable de la ilegalización de los partidos y coaliciones vinculados a los terroristas de ETA. Esto último ponía a disposición de los partidos concurrentes los nueve escaños del PCTV.

En las elecciones de 2005, la coalición PNV-EA obtuvo 30 escaños y 468.117 votos. PSOE, 18 escaños y 274.546 votos. El PP, 15 escaños y 210.614 votos. El Partido Comunista de las Tierras Vascas (ahora ilegalizado, y que fue inscrito en el registro de partidos siendo Ángel Acebes ministro del interior), obtuvo 9 escaños y 150.644 votos.

Los resultados de 2009, que Mariano Rajoy señala como un triunfo del PP, revelan, analizados, que el PP ha sido duramente castigado por electorado vasco. Y no sólo el PP. El PNV ha obtenido en 2009, concurriendo en solitario, 29 escaños y 396.557 votos, que sumados al único escaño de EA resulta los mismos 30 que habían obtenido conjuntamente en 2005. En cuanto al número de votos, la suma PNV+EA en 2009 supone una pérdida de 33.740 votos.

El PP, sin embargo, arroja unos resultados que deberían hacer pensar a Rajoy (si le dejan los espías y los amigos de Correa) que el apoyo a Patxi López debe ser claro, porque no están en condiciones de presumir. Mientras que el PSE ha conseguido incrementar en 7 el número de escaños, de los 9 en juego tras la ilegalización del PCTV, y aumentar en 41.347 el número de votos, el PP ha perdido dos escaños y, sobre todo, ha perdido 65.670 votos, muchos, muchos votos absolutos.

El Partido Popular no debería vanagloriarse de su condición de necesario para un gobierno no nacionalista, sino asumir que su retroceso electoral, claro, muy claro, rayano en el fracaso, puede minimizarse apoyando claramente (por supuesto, no de manera incondicional, sino aportando y construyendo) para que Patxi López sea el próximo lehendakari. Hacer correr la especie que circula en medios de comunicación ultraderechistas de que el PNV le ofrece varias consejerías si acepta un gobierno con los nacionalistas de Ibarreche, no es sino la desesperada falacia política de quienes no saben perder.

Perder casi 66.000 votos es mucho para un censo como el del País Vasco, y convertir esa derrota electoral en un triunfo, vale para la noche electoral ("somos decisivos", repetía el inconexo Basagoiti), pero no resiste ningún análisis político serio y riguroso y no avala sino su puesta al servicio de un gobierno integrador y de futuro para normalizar la realidad política vasca.

Vale.

Cacerías en despachos

Después de la torpeza del exministro Bermejo, acudiendo a una cacería con el juez Garzón, que el PP, con Marianín arrastrado por Trillo y con los palmeros de la prensa antisocialista, ha conseguido rentabilizar con la dimisión de Bermejo, ahora resulta que el mismo día en que se conoció la (posible) implicación de Francisco Camps, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, estuvo reunido con Camps. Luego, hizo unas declaraciones que claramente insinuaban que Garzón estaba prevaricando.

Ahora, días después, se conoce que tuvo lugar aquella reunión. ¿De qué hablaron el presidente de la Comunidad Valenciana y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial? El mismo día, el diputado nacional del PP, José María Michavila, que fue ministro de Justicia con Aznar, y cuyo despacho de abogados aparece relacionado con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y con el presidente del Grupo Begar, Ulibarri, también estuvo con Francisco Camps. ¿Estuvieron al mismo tiempo reunidos Camps, Michavila y De Rosa? ¿De qué hablaron cuando ya se conocía al menos el asunto de los 30.000 euros en trajes que había pagado "El Bigotes" en la lujosa tienda Milano?

Después de la cacería que ha reportado al PP el trofeo de Fernández Bermejo, ahora le toca a Mariano, Trillo y Soraya, "Los 3 Justicieros", dar explicaciones. De momento, el bravo De Rosa parece que se la va envainando en su puesto del CGPJ (o lo mismo ya va viendo que sus "advertencias" al juez van surtiendo efecto y por eso parece que se la envaina). Camps y Michavila miran para otro lado.

Pero, claro, habría que hacer más preguntas y afirmar alguna certeza. Por ejemplo, es fácil entender que Fernando de Rosa actúa conforme a la doctrina Fabra, esto es, que actúa como cautivo de Francisco Camps, a quien le debe su actual poltrona. Camps ha sido jefe de De Rosa cuando este era consejero de Justicia en la Comunidad Valenciana, y fue él el que le propuso para el CGPJ. O lo que es lo mismo: le debe pleitesía. Y, como en la serie Fama, es ahora cuando tiene que pagar los favores recibidos.

Michavila, con despacho de abogados de postín, ligado en su ejercicio profesional (¿o algo más?) a algunos imputados de la trama investigada por Garzón, perteneció al núcleo duro del gobierno de Aznar, y los datos que se van conociendo se refieren a negocios realizados bien con la dirección del PP mientras Aznar fue su presidente, o en las dos legislaturas de Aznar. Y hay que recordar, siempre hay que recordar, que Ana Botella reclamó en la dirección nacional del partido el día de la foto célebre que el cierre de filas también alcanzara a la época en que su maridito era el mandón.

¿De qué habló el Vicepresidente del Consejo del Poder Judicial, Fernando de Rosa, con su jefe político, Francisco Camps el 21 de febrero, cuando ya se conocía la (posible) implicación de este en la investigación? ¿Le pidió algo el presidente a su subordinado? O, más bien, ¿le ordenó algo? Y Michavila, ¿qué hacía por aquellos alrededores, además de mostrar su "solidaridad" con su amigo Camps? ¿Le fue a ofrecer sus servicios como abogado? ¿Coincidieron los 3, Camps, Michavila y De Rosa en la misma reunión?

Estas y otras muchas preguntas deberán ser respondidas por los justicieros Mariano, Trillo y Soraya. Especialmente por Trillo, que para eso es el ángel anunciador de querellas.

Vale.

Espionaje interruptus

El PP suspende temporalmente la investigación abierta sobre los presuntos espionajes. Las "razones" para esta suspensión están en que Esperanza Aguirre (vocalista de Presuntos Implicados) ha aceptado un comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y la existencia ya de una investigación judicial. ¡Como si al PP le importaran las comisiones parlamentarias de investigación y las propias investigaciones judiciales!

¿Dónde está la doctrina Gallardón? ¿Qué fue de la doctrina Gallardón? Por cierto, otro de los músicos de esta historia (¿Os Resentidos?). Sí, la doctrina aquella que decía sobre las conductas de los responsables políticos, que además de adecuarse a la legalidad, debían inscribirse en niveles de autoexigencia superiores a los habituales en otros ámbitos como el del mundo de los negocios.

Aquella doctrina, que luego se reveló solamente de aplicación a los enemigos políticos (para el PP el concepto de adversario no existe) de su propio partido. La suspensión de la investigación (¿seguro que habían investigado algo?) de algo que conocen todos no es sino una muestra más de la hipocresía política de la derecha, de la derechona.

Pretenden, al anunciar la suspensión, hacernos creer que en la Asamblea de Madrid se va a aclarar algo, cuando lo único que desean es ganar tiempo, perder tiempo y conseguir el olvido. Y qué podremos esperar de una investigación judicial "en contra" de los intereses del partido si el PP está aplaudiendo con las orejas (las de Mayor y las de todos los demás) la huelga de los jueces, esos señores de derechas (99%) que siguen comportándose igual que siempre, desde tiempo inmemorial.

El PP no sabe cómo echar tierra al asunto, porque si lo hace, dejarán algún cadáver político mal enterrado, y confían en la incapacidad de los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid de plantear una investigación como es debido (la comisión del tamayazo demostró que los diputados de la oposición carecían de bagaje y capacidad política y formación suficiente para haber demostrado lo que era obvio: que el PP había comprado a Tamayo y Cía).

Y el PP confía, y mucho, en que la investigación judicial siga los pasos de cualquier procedimiento y que finalmente, si se llegara o llegase a plantear siquiera algún atisbo de imputación, volveríamos a la doctrina del caso Naseiro, del caso Palop (sí, aquel en el que una grabación indiscreta descubrió que Zaplana estaba en política para forrarse), del caso Camas: algún error o algún olvido determinará la nulidad de las actuaciones.

Por eso, Rajoy puede estar tranquilo: otros resolverán, por la vía de la extinción, lo que él, como líder (¡qué cachondeo!) no tiene... capacidad para solucionar.

Vale.

Espionaje por saturación

Lo que está sucediendo en el PP, en la Comunidad de Madrid es la consecuencia de la saturación del poder político, que aspira a la saturación del poder económico. El PP ocupa todos los espacios de poder de la comunidad, desde la presidencia autonómica, la alcaldía, el arzobispado (sí, el arzobispado) hasta un sinfín de alcaldías, empresas públicas y empresas privadas que antes fueron públicas, fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro que reciben lucrativas subvenciones.

Pero todos quieren más, quieren convertir, aspiran a convertir su poder político en un principado económico. La lucha desatada de dossieres, espías, traiciones, amigos enemistados, enemigos muy íntimos, tiene un horizonte: Cajamadrid.

Hasta llegar a este punto hay que hacer algo de historia. Y hay que recordar que al PP lo llevaron al poder los votos de muchos barrios y ciudades dormitorio que se habían reclamado de izquierdas, pero que entendieron que había que desalojar al PSOE por casos de corrupción... que visto lo que está pasando en la derechona eran jugaditas de monopoly.

Las privatizaciones que han venido haciendo los de la gaviota desde que llegaron al poder van a terminar por convertirse en un calvario para los que los llevaron en volandas. Y luego tendrá que ser la izquierda la que resuelva sobre un desierto en el que no habrá nada, porque se lo habrán repartido. Materialmente, sí, materialmente.

Ahora, cuando se conocen mentiras, traiciones, espionajes entre aparentemente compañeros, es el momento de saber que cuando vieron su poder en entredicho no dudaron en comprar a dos diputados socialistas, a los que los medios de comunicación no investigaron, solamente cubrieron el expediente. El tamayazo es una de la ramificaciones del espionaje que ahora, al haberse quedado sin enemigo político, por extinción, ha de mantenerse en todo su apogeo para que los espías sigan ganando dinero, y para que los beneficiarios de cada dossier puedan disponer de munición contra quienes, poseedores de información también pagada, les pueden resultar incómodos.

Y a todo esto, el líder máximo es rehén de la lideresa, que está hasta las cejas de mierda política y está siendo sustentada (do ut des) por medios de comunicación afines en lo ideológico, y sobre todo afines en lo económico (más bien, deudores en lo económico).

Vale.

Cabo (interino) de destacamento

Imagen tomada de luchesentrubia.wordpress.com

Circula por la ciudad de Cáceres un autodenominado cabo (interino) de destacamento del PP en el Ayuntamiento, que, además de hacer pasar a todo el pleno una vergüenza ajena horrorosa presentando una moción manifiestamente mejorable, habla de asuntos que desconoce con un desparpajo tal que sería cómico si no fuera trágico.

Este cabo (perdonen todos los cabos de verdad) es portavoz de rebote de su partido porque el titular dio portazo con unas declaraciones altamente democráticas: "Yo me he presentado para ser alcalde, si no soy alcalde, me voy". Y me llevo la pelota y se acabó el partido. Este cabo (interino) confunde destacamento con regimiento, y hace que el pleno, voluntarista, apruebe una moción con semejante tontería. Alguien le ha llamado la atención y para enmendarse, antes de que le arresten por no saberse la teórica, sale haciendo unas declaraciones grandilocuentes ("¡socorro, nos roban el regimiento!"), incluso pidiendo la dimisión de la alcaldesa por inactividad.

Este muchachito, que en la mili estaría rodeado de calandracas por no saberse la teórica de la A, y castigado en Santa Ana a ir todos los días durante dos semanas al cuerpo de guardia a recoger la llave para abrir el campo de tiro, este cabo (interino) del destacamento del PP en el Ayuntamiento se pone estupendo sin saber de qué habla, y, sobre todo, sabiendo que desde el año 2001 hasta las elecciones de 2004 su partido rechazó en el Congreso de los Diputados hasta cuatro proposiciones no de ley para mantener abierto el CIMOV.

Este muchachito de la chaqueta azul (marengo) pertenece a un partido que cuando gobernaba, mejor dicho, mandaba, en el ayuntamiento no querían saber nada y que, ¡oh, milagro! al día siguiente de la visita de Bono e Ibarra al CIMOV, aparecieron cubiertos de medallas y laureles.

Este muchachito, en asuntos que ignora totalmente, lo mejor que debería hacer es callarse, porque no habría bastante con unas teóricas, necesitaría al menos pasarse un ciclo de formación para aprender el primer tiempo de saludo (que el único que conoce, según parece, es el saludo Piqué). Para hacerse escuchar, para hacerse notar, no hace falta gritar ni decir barbaridades, sino llenarse de argumentos. Y esos, desgraciamente, están vetados al conocimiento de un cabo (interino) de un destacamento.

Respecto a la inactividad a la que alude, y por los datos que son públicos, en lo que va de mes, recordar los siguientes:

1.- La Ministra de Defensa in person ha remitido un escrito al Presidente de la Junta de Extremadura garantizando la continuidad del CIMOV, garantizando la ampliación de la finca de Santa Ana para uso del propio CIMOV y para la unidad que en un futuro se ubique en dichas instalacones. Y diciendo que el Regimiento de Ingenieros de Burgos no se traslada ahora a Cáceres por falta de créditos en infraestructuras (crisis económica de la que es responsable máxima la alcaldesa de Cáceres, como si lo viera).

2.- La Ministra de Defensa in person ha comunicado a la alcaldesa el acuse de recibo de la propuesta de las personas que representarán al Ayuntamiento en la Comisión de Seguimiento del Protocolo firmado el día 2 de diciembre de 2008 (¡qué careto tenía el cabo -interino- del destacamento el PP, pobrecico mío!) y le comunica que en cuanto estén los nombramientos de la Junta y del Ministerio, comenzarán los trabajos de dicha Comisión.

3.- También la alcaldesa inactiva ha recibido un escrito del Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa en el que sale al paso de informaciones publicadas y garantizando la continuidad del CIMOV nº 1, así como que continúa adelante la previsión de ampliar los terrenos de Santa Ana y la plena vigencia del Protocolo firmado el día 2 de diciembre de 2008 (¡qué mirada perdida la del cabo -interino- del destacamento del PP! mientras asistía al acto de la firma).

4.- También ha recibido la inactiva alcaldesa otro escrito del Jefe del Gabinete de la Ministra en el que se asegura que "este Ministerio asume todos los compromisos recogidos en el protocolo. Por ello el CIMOV número 1 va a continuar desarrollando en Cáceres sus actividades en formación. Asimismo, se llevará a cabo la ampliación de terrenos como establece el protocolo, con el fin de dotar de una mayor capacidad tanto al CIMOV como a la Unidad que se ubique allí en el futuro". ¡Menos mal que la alcaldesa ha estado inactiva!

Por cierto, se admiten comparaciones, muchachito, todas las que quieras.
Vale.

P.S. Y si este cabo (interino) del destacamento del PP en el Ayuntamiento de Cáceres no quiere seguir sepultado entre calandracas políticas, ya sabe lo que tiene que hacer con este post. Si se atreve.

Asuntos internos

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a la secretaria general, Dolores de Cospedal, que realice una investigación interna sobre el asunto del espionaje en la Comunidad de Madrid. Asuntos internos, como en las películas de policía. No sé qué dirán los estatutos del partido sobre cuestiones como esta, aunque lo más razonable sea que no digan nada, porque es una cosa inaudita, increíble.
Además de la investigación interna, ya hay un juzgado que ha abierto diligencias por apreciar que pudiera haber indicios de delito, por lo que los asuntos internos tienen ya trasunto en asunto judicial. Las informaciones de El País parecen fundadas y no es la primera vez que el mismo periodista, Francisco Mercado, saca los colores al gobierno de Esperanza Aguirre. Fue ese periodista el que destapó los manejos que acabaron con el cese del Director General de Urbanismo, Porto Rey, ideólogo de la ley del suelo del 98 que tan funestas consecuencias ha tenido en un sector desbocado, el del ladrillo, y que ahora agranda en España la crisis económica.
En cuanto a los asuntos internos, la basurilla que dice el yerno Fabra, un tal Güemes, o el ruidito a que se refiere Cristóbal Montoro, se están convirtiendo en una montaña de mierda que terminará engullendo algún que otro detritus político, y en un ruido cada vez más ensordecedor.
Que un partido que es gobierno en una Comunidad Autónoma como la de Madrid, y que a nivel nacional ha sido y aspira a ser gobierno, se vea sacudido por tramas de espionaje (inter-espionaje) para conseguir elementos que destruyan al compañero de carnet, es desolador. Y más aún cuando la dirección nacional encargue una investigación interna que se inicia llamando a declarar a dos supuestamente espiados. Lo es porque si esa dirección nacional es consciente de que hay visos más que evidentes de que el espionaje es un hecho, habrá de cuidarse mucho en resolverlo bien.
En este punto, no sería nada desdeñable que se pudiera abrir una vía de investigación periodística sobre cómo se produjo el tamayazo. O lo que es lo mismo, si el PP de Madrid está en luchas internas para conseguir el poder de Caja Madrid, y para ello recurren hasta espiarse unos a otros, no es de extrañar que para la compra de los traidores del tamayazo dispusieran de esos medios.
Vale.

Defensa Nacional y localismos

El 26 de diciembre de 2008, se publicó en el BOE el despliegue de la fuerza del Ejército de Tierra, mediante una orden firmada por la Ministra de Defensa, Carme Chacón. Hasta pasados 15 días, el 10 de enero de 2009, no apareció la primera información en la prensa local (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=419865). Y no fue hasta el día 12 de enero cuando el PP no aludió al asunto en una rueda de prensa. Finalmente, el pleno del Ayuntamiento celebrado el jueves 16 de enero aprobó una moción presentada por el PP, en el sentido de defender la continuidad del CIMOV nº 1 en Cáceres.

En primer lugar, la moción presentada por el PP y aprobada por el pleno municipal es, desde el punto de vista de su redacción, vergonzosa, escrita desde la más absoluta de las ignorancias de cómo son las Fuerzas Armadas.

En segundo lugar, esta suerte de localismo que defienden los rancios de la ciudad choca claramente con unos criterios, que se están aplicando, de una proyección internacional de las Fuerzas Armadas y de unos conceptos, absolutamente nuevos, que se aplican a la seguridad y la defensa.

Con una crisis económica mundial, propiciada por las políticas de los neocons, representadas en España por el Cabo de la Remonta de Rancho Crawford que pide todavía a estas alturas más liberalismo, con una crisis de valores que ha sido denunciada por el propio Barack Obama, cuando establece como eje de su política futura que la seguridad no puede arrinconar a las ideas, ahora en una ciudad pequeña, Cáceres, practicamos una suerte de localismo fuera de lugar.

En materia de Defensa Nacional hay que decir que las Fuerzas Armadas son una parte importante, pero no la única pata de ese edificio. Por ello, sorprende que se pretenda forzar el mantenimiento de una determinada y concreta unidad militar cuando las previsiones de despliegue y modernización pueden hacer que esa Unidad (en este caso, el CIMOV nº 1) no sea necesaria a los planes de Defensa.

Es decir, la ciudad se posiciona, en ese voluntarismo localista, en una actitud negativa respecto de las necesidades de la Defensa Nacional, a la que debe contribuir. La Directiva de Defensa Nacional recientemente presentada en el Congreso (http://www.mde.es/actu_ministro/intervenciones/08125_Comparecencia_Chacon_DDN.pdf) implica a varios ministerios, establece nuevos criterios y se abre a que en esta materia haya la suficiente implicación activa de todos como para variar la antigua y obsoleta creencia que Defensa y Ejército son la misma cosa. Y no es así.

Desde la ciudad de Cáceres, sabiendo que los planes militares son un concepto en constante evolución y adaptación a nuevas realidades, y sabiendo que lo militar es una parte, importante, pero solamente una parte, de la Defensa Nacional, debería apostarse por contribuir a ello de modo positivo, ya que el localismo se termina mostrando como una actitud contraria y negativa de la evolución de conceptos como seguridad y defensa, cada vez más globales. Y en esa contribución positiva está mostrar las capacidades que el Acuartelamiento de Santa Ana ofrece a las necesidades de la Defensa, y no al revés.

Quizás se ignora que la ciudad de Cáceres, en muy poco plazo de tiempo, no más allá de 2012 - 2013 contará con una red de comunicaciones terrestres que muy pocas ciudades pueden ofrecer: estará conectada por AVE con Madrid y Lisboa, en una equidistancia envidiable. Pero también cuenta ya con un eje Norte - Sur peninsular, la A-66, y contará con un eje Madrid - Lisboa por carretera, con la A-5 hasta Trujillo, la A-58 hasta Cáceres y la EX-A4 de Cáceres a Badajoz.

Esta situación geoestratégica en el eje Madrid - Lisboa permitirá disponer de una instalación militar, Santa Ana, que ha de ser aprovechada en las relaciones en materia de Defensa entre España y Portugal, cada vez más fuertes, como ha quedado patente en la cumbre bilateral de Zamora. Y esta situación estratégica en el propio territorio español, a medio camino entre Salamanca (Mando de Ingenieros) y Sevilla (Cuartel General de la Fuerza Terrestre), junto con una distancia en tiempo que no llega a una hora entre Cáceres y la Base de Bótoa, donde está la Brigada XI, una de las mejores del Ejército, son los elementos positivos a ofrecer.

Pensar que el CIMOV nº 1 es lo único posible y hacer de ello bandera localista, proteccionista, es desconocer la realidad no sólo de las Fuerzas Armadas sino de los propios criterios de la Defensa Nacional.

Por ello, la tristeza enorme al ver el texto de la moción presentada por el PP, documento que demuestra la ignorancia y la falta de capacidad de quien lo redacta, y la tristeza que produce que "esa cosa" fuera aprobada por el Pleno como consecuencia, simplemente, de equilibrios en el recuento de los votos, me hacen ser muy pesimista de cara a la fuerza con la que la ciudad de Cáceres pueda contribuir, desde su realidad económica y demográfica, positivamente a una mejora en las Fuerzas Armadas y, mucho menos, a la Defensa Nacional. Y que ello sirva, de paso, a que se generen y mantengan en la ciudad puestos de trabajo muy necesarios.

Vale.

Monago, monaguillo y gatito: aves carroñeras

El de la izquierda es portagraznido

El sucesor a título de perdedor de Floriano, el exjefe del jefe de la policía local de Badajoz, Monago, acompañado de algunos monaguillos y un León, visitará las obras del PIR de "El Junquillo". Y, según parece, abordará asuntos de interés municipal (¿hablará sobre sus relaciones con Sardiña?) y regional (¿hablará sobre el papelón de Manzano en el organigrama del PP extremeño?). Hablará sobre las dificultades que las empresas que están trabajando en el PIR están encontrando para financiar las obras. Por supuesto, la culpa será de la Junta de Extremadura.
Los bancos (todos dirigidos por conspicuos dirigientes antisistema) se niegan a financiar las obras que empresarios de la construcción (todos rojos peligrosos) quieren poner en marcha para las viviendas del Plan 60.000 (adjudicadas por riguroso orden de recomendación a amigos, primos, sobrinos, nietos, hijos y ahijados del Consejero de Fomento, todos, los 700 ocupantes de los futuros pisos).

Y ante este panorama, Monago viene a poner el cazo: el cazo de los votos, el cazo de la rapiña.

El 21 de enero, a media mañana, la Sociedad Ornitológica, Adenex, Ecologistas en Acción, Adena y la Sociedad de Canaricultura han organizado una Jornada Científica, de Divulgación y Avistamiento de Aves Carroñeras volando sobre El Junquillo. No hay que olvidar que el PP tiene como logo la silueta de unas gaviotas, que como todo el mundo ignora, son aves carroñeras. No estarán en El Junquillo sino para estar en su hábitat natural.

Ah, y también hará sus pinitos volanderos El Niñato.

Vale.