La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, en una rueda de prensa celebrada el pasado 24 de abril, se refirió a la existencia de un stock de 700.000 viviendas, a finales de 2009, cuando a finales de 2008 el stock alcanzaba las 613.000. Se trata de viviendas nuevas, sin vender.
Si consideramos el referente de que por cada vivienda en construcción el número de puestos de trabajo necesarios para ello es de 4, tenemos un stock de parados de 2.800.000. Este dato, que no es neto por la influencia del Plan E, sí es suficiente para explicar cuál es la causa básica de que en España el paro alcance prácticamente el doble que en Europa. No hay que olvidad que la capacidad de absorción del mercado español de vivienda está en 200.000 unidades al año, tardaremos 4 años en eliminar el stock existente, pero en ningún caso, si no se cambia de modelo económico, podríamos recuperar el impacto de los 2.800.000 de parados generados por el sector inmobiliario.
Una fórmula, ensayada en varias CC.AA., para disminuir el stock de viviendas nuevas sin vender ha sido su conversión a viviendas a precios tasados. Fórmula claramente insuficiente porque no se tiene en cuenta los factores que intervienen en el precio de la vivienda. El promotor o el constructor pueden disminuir el precio en los elementos que han podido controlar, en la producción. Pero no pueden disminuir el peso del precio del suelo en el final de la vivienda si no quieren incurrir en pérdidas irreparable.
Durante los 8 años de gobierno de José María Aznar, el precio del suelo se disparó hasta límites insospechados, de manera que puede considerarse en muchas promociones una incidencia del 50% del precio final de la vivienda. Este hecho, debido exclusivamente a las decisiones políticas del gobierno de Aznar, pesan como una losa sobre el sector inmobiliario español. Por una lado, porque el stock de viviendas terminadas sin vender se asienta sobre precios del suelo ya pagados y que impiden a los promotores rebajar el producto final, y, por otro, porque muchas operaciones de suelo realizadas en tanto estuvo vigente la Ley 6/1998, hasta la entrada en vigor del la Ley del Suelo de 2007, se asentaron sobre expectativas de precios que garantizaban a sus propietarios unos beneficios desorbitados. Las empresas que se convirtieron en cautivas de una política ultraliberal en materia de suelo, ahora son cautivas de su propia ambición, cuando no víctimas, y extienden su falta de rigor sobre las pequeñas empresas que ven que teniendo suelo en propiedad, prácticamente amortizado por ejercicios económicos solventes anteriores, no pueden obtener financiación para proyectos futuros ni siquiera a precios iguales a la VPO porque las entidades bancarias también son culpables de haber financiado, sin rigor, con la alegría propia de la legislación que se lo permitía y lo aleccionaba, y tienen un índice de morosidad muy elevado en el sector.
Cada vez que en los medios de comunicación de la ultraderecha, o cada vez que algún vocero del PP se refiera con desparpajo al número de parados, hay que recordarles que 2.800.000 parados deben su situación a la política de la derecha, a su interés en hacer ricos a los terratenientes (¿verdad, Esperanza Aguirre?) aún a costa de un modelo económico puramente especulativo.
Vale.
