lunes, 2 de febrero de 2009

Espionaje interruptus

El PP suspende temporalmente la investigación abierta sobre los presuntos espionajes. Las "razones" para esta suspensión están en que Esperanza Aguirre (vocalista de Presuntos Implicados) ha aceptado un comisión de investigación en la Asamblea de Madrid y la existencia ya de una investigación judicial. ¡Como si al PP le importaran las comisiones parlamentarias de investigación y las propias investigaciones judiciales!
¿Dónde está la doctrina Gallardón? ¿Qué fue de la doctrina Gallardón? Por cierto, otro de los músicos de esta historia (¿Os Resentidos?). Sí, la doctrina aquella que decía sobre las conductas de los responsables políticos, que además de adecuarse a la legalidad, debían inscribirse en niveles de autoexigencia superiores a los habituales en otros ámbitos como el del mundo de los negocios.
Aquella doctrina, que luego se reveló solamente de aplicación a los enemigos políticos (para el PP el concepto de adversario no existe) de su propio partido. La suspensión de la investigación (¿seguro que habían investigado algo?) de algo que conocen todos no es sino una muestra más de la hipocresía política de la derecha, de la derechona.
Pretenden, al anunciar la suspensión, hacernos creer que en la Asamblea de Madrid se va a aclarar algo, cuando lo único que desean es ganar tiempo, perder tiempo y conseguir el olvido. Y qué podremos esperar de una investigación judicial "en contra" de los intereses del partido si el PP está aplaudiendo con las orejas (las de Mayor y las de todos los demás) la huelga de los jueces, esos señores de derechas (99%) que siguen comportándose igual que siempre, desde tiempo inmemorial.
El PP no sabe cómo echar tierra al asunto, porque si lo hace, dejarán algún cadáver político mal enterrado, y confían en la incapacidad de los diputados de la oposición en la Asamblea de Madrid de plantear una investigación como es debido (la comisión del tamayazo demostró que los diputados de la oposición carecían de bagaje y capacidad política y formación suficiente para haber demostrado lo que era obvio: que el PP había comprado a Tamayo y Cía).
Y el PP confía, y mucho, en que la investigación judicial siga los pasos de cualquier procedimiento y que finalmente, si se llegara o llegase a plantear siquiera algún atisbo de imputación, volveríamos a la doctrina del caso Naseiro, del caso Palop (sí, aquel en el que una grabación indiscreta descubrió que Zaplana estaba en política para forrarse), del caso Camas: algún error o algún olvido determinará la nulidad de las actuaciones.
Por eso, Rajoy puede estar tranquilo: otros resolverán, por la vía de la extinción, lo que él, como líder (¡qué cachondeo!) no tiene... capacidad para solucionar.
Vale.

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