Urbanismo y crisis económica

En una ciudad pequeña, menos de 100.000 habitantes, como Cáceres, la actividad del sector de la construcción es básica, fundamental, para el mantenimiento de la economía local, pero, sobre todo, para el empleo. Y en esta ciudad, pequeña, la norma urbanística ha de permitir un desarrollo ordenado del modelo de ciudad y dimensionarse a la propia capacidad productiva del sector inmobiliario, al que corresponde desarrollar la mayor parte de las decisiones incluidas en las normas del planeamiento.

En esta situación de crisis económica, se dan en Cáceres algunas circunstancias que inciden sobre un documento, la Revisión del Plan General Municipal, que pueden aconsejar la necesidad de su pronta aprobación y que pueden aconsejar, también, que no es buen momento para ello.

Así, con carácter general, la pronta aprobación de la Revisión del PGM podría ser considerado, desde el punto de vista teórico, la puesta a disposición del sector inmobiliario de las normas que han de regir su actividad en los próximos ocho o diez años. Pero es desde el punto de vista teórico.

Un documento como el elaborado en la anterior legislatura, con sobredimensionamientos no sólo previsiones irreales de población futura, sino con previsiones de desarrollo en sectores de suelo que, antes de estallar la situación económica, ya eran inviables para la capacidad de las empresas locales, no puede sino estudiarse y preverlo para una situación económica distinta, más pegada a la estructura y capacidad empresarial.

Aprobar la Revisión del PGM en breve tiempo no solucionaría la situación económica de las empresas, ya que éstas no tendrían capacidad financiera para la puesta en marcha de los proyectos de ejecución en un plazo no mayor de 12 a 18 meses, ante la falta de crédito impuesta por las entidades bancarias.

Igualmente, aprobar ahora la Revisión del PGM conllevaría la ejecución de contratos de opciones de compra, sin que las empresas puedan hacer frente por falta de capacidad financiera a los pagos acordados, y se verían abocadas a la pérdida de las cantidades entregadas en la formalización de la opción de compra y a soportar, con seguridad, demandas por incumplimiento de contrato que pondrían en riesgo hasta su propia existencia. Ello, sin tener en cuenta que muchas empresas formalizaron opciones de compra a precios y previsiones de mercado en situación de bonanza del sector.

Por ello, continuar adelante con un documento como el aprobado por el PP en mayo de 2007, sin aplicar opciones realistas sobre dimensionamiento de previsiones, puede no ser ortodoxo desde el punto de vista teórico, pero muchos se sentirán aliviados si las necesarias correcciones se adoptan con calma y tranquilidad, para que, cuando la situación de crisis económica cambie, estar en disposición de contar con el instrumento adecuado para relanzar el sector inmobiliario, recuperar buenos niveles de empleo y permitir una ciudad más dimensionada a su futuro.

Vale.