Si no fuera porque los lectores de los periódicos no tienen la culpa de lo que los redactores escriben y sus directores publican, en el asunto del futuro del Acuartelamiento estaríamos ante un episodio que, si tuvieran que examinarse los periodistas sobre lo que saben de lo que escriben, el suspenso sería aparatoso.
Es evidente que en mayo de 2004, el Ministro Bono y el Presidente Ibarra comprometieron una unidad de ingenieros (en hemerotecas, se hablaba de un total de unos 500 militares). Es evidente que en abril de 2006, el Gobierno aprobó un Real Decreto que determinaba que en Cáceres habría un Regimiento de Ingenieros y que no lo habría en Burgos, donde en aquellos momentos estaba el RING 1.
Es evidente que el 2 de diciembre de 2008 se firmó un protocolo general de intenciones entre Ministerio, Junta de Extremadura y Ayuntamiento.
Es evidente que el 26 de diciembre de 2008 se publicó una orden ministerial en la que en el despliegue operativo del Ejército de Tierra no figuraba un Regimiento de Ingenieros en Cáceres y volvía a parecer en Burgos.
Esto son evidencias que nadie puede negar. Y los ciudadanos, guiados por lo que publican los periódicos, asumen como dogmas. Pero los periódicos no dicen toda la verdad. O lo que es lo mismo: los periodistas no leen los documentos que citan.
Primero. El ministro Bono dijo que a Cáceres vendría una unidad de ingenieros EN SUSTITUCIÓN del CIMOV nº 1. O lo que es lo mismo: si aquello afirmado en mayo de 2004 se hubiera cumplido en septiembre, los militares destinados en el CIMOV nº 1 habrían tenido que irse de la ciudad. Por tanto, todos aquellos que tanto “quieren” al CIMOV nº 1 (ahora CEFOT nº 1) deberían dar las gracias porque la promesa política no se cumplió. Y los militares que estaban entonces destinados en dicha unidad y continúen en ella, deberían dar las gracias por no haber tenido que hacer las maletas.
Segundo. El RD 416/2006 no se refería solamente a que a Cáceres vendría un Regimiento de Ingenieros, sino que esa opción estaba dentro del despliegue operativo de la Fuerza, en el caso del Ejército de Tierra. O lo que es lo mismo, afectaba a TODO el Ejército de Tierra, que tenía, conforme al texto de la norma legal que los periodistas ignoran premeditadamente, un plazo de cuatro años para desarrollar el despliegue.
Tercero. El protocolo general de intenciones firmado en diciembre de 2008 no solamente recoge una referencia al RD 416/2006, sino que incluye el traslado de la Subdelegación de Defensa al Palacio de Las Cigüeñas y que el edificio de mando del Cuartel Infanta Isabel pasará, conforme a la valoración económica que se establezca, al Ayuntamiento. También establece dicho protocolo que la base de Santa Ana será ampliada en 280 hectáreas, para lo cual será preciso obtener recursos mediante la disponibilidad urbanística de una parte de dicha Base que no se utiliza (la margen izquierda de la N630).
Cuarto. La OM de diciembre de 2008 modifica el despliegue operativo de la Fuerza del Ejército de Tierra en base a las posibilidades económicas que habría en los presupuestos generales del Estado de 2009 y siguientes. De hecho, el mismo JEME que ha determinado que no vendrá a Cáceres un Regimiento de Ingenieros, estableció que en los años 2009 y siguientes no se movería ninguna unidad (caso del Regimiento de Ingenieros de Burgos a Cáceres, y otros previstos) si no se contaba con la suficiente financiación.
La situación actual, aunque les pese a periodistas indocumentados por apatía al no leer los documentos, es que está plenamente vigente un protocolo general de intenciones que afecta a la propia Base de Santa Ana, que no se cierra como quiso hacer el Partido Popular (la memoria es flaca y, en algunos casos, famélica) entre 2001 y 2004.
La situación actual, aunque les pese a concejales de derechas poco duchos en asuntos públicos, es que el Jefe del Ejército ha establecido en documento bastante, la Directiva de Reestructuración de Centros Docentes Militares, que el CIMOV nº 1 pase a denominarse CEFOT nº 1 y que, a partir de 1 de enero de 2011 toda la formación de tropa del Ejército de Tierra se haga en tres centros en territorio peninsular (Cáceres, San Fernando y Calatayud) y uno insular (Canarias).
La situación actual es que la vigencia del protocolo general de intenciones es plena en sus tres aspectos fundamentales: la ampliación de la Base de Santa Ana, el pase del Cuartel Infanta Isabel al Ayuntamiento de Cáceres y la disponibilidad de los terrenos sin unos de Santa Ana para obtener recursos.
En cuanto a las afirmaciones de la portavoz de la oposición, Elena Nevado, sobre los terrenos que serán recalificados para dar cumplimiento al protocolo, y las acusaciones de especulación, una sola cosa: cuando más ha especulado, a mansalva y con descaro, el Ministerio de Defensa con terrenos ha sido cuando ha gobernado el Partido Popular, y, especialmente, entre 2000 y 2004, con el ministro del Yak 42 al frente.
Y sobre otros aspectos del protocolo, recuerdo a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres que la fórmula por la que se obtendrá el Cuartel Infanta Isabel para la ciudad es la consecuencia de la dejación de obligaciones que hizo su partido con motivo de la venta por el Ministerio de la mayor parte de los terrenos. Dejación de obligaciones.
Vale.
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