Píldoras, farmaceúticos y objeción de conciencia

El Gobierno ha decidido que la llamada "píldora del día después" pueda venderse sin receta, y, automáticamente, el reaccionario foro de la familia ha comenzado a soltar lindezas científicas, jurídicas y técnicas que, mezcladas con el catecismo del padre Ripalda, nos recuerdan imágenes de antaño, imágenes y discursos añejos.

El objetivo del Gobierno es disminuir el número de embarazos no deseados. Ya con el asunto de la supresión del consentimiento paterno para abortar a partir de los 16 años, estos coros reaccionarios afirmaron sin pudor ninguno que si para una intervención de amígdalas era necesario ese consentimiento, más para un aborto. Sin embargo, la Ley de Autonomía del Paciente (creo que se llama así) que impulsó el Gobierno de Aznar no decía eso, sino lo contrario. El ejemplo, la comparación, muy celebrada al principio se desmoronó al leer la ley.
Sin embargo, lo más llamativo del revuelo que la derecha moral ha comenzado a propagar por los medios de comunicación que les sirven de altavoces, es que, de manera inmediata, los farmaceúticos han anunciado que podrá ejercer la objeción de conciencia. ¡Vaya, lo mismo que los médicos de la sanidad pública para no practicar abortos y que se dicen acosados si se investiga si los practican en la privada!
Algún filósofo, como Javier Sádaba, considera que los profesionales de la sanidad tienen el derecho a la objeción de conciencia. ¡Claro que lo tienen! Pero habrá que tener en cuenta el foro en el que Sádaba ha hecho sus afirmaciones: una conferencia organizada por el Colegio de Enfermería de Bilbao.
El Estado, que será el que adopte la decisión de cuándo se comienza a poner en práctica la venta de la píldora del día después sin receta, debe reconocer el derecho de los farmaceúticos a la objeción de conciencia, pero no hay que olvidar que las llamadas "oficinas de farmacia" son concesiones administrativas de un servicio público. O lo que es lo mismo, es el propio Estado (a través de las Comunidades Autónomas) el que regula la apertura de estos negocios. En definitiva, los farmaceúticos son una parte de la sanidad, y su negocio se lo deben a la acción del propio Estado.
En definitiva, como es el Estado el que regula en el interés general (la disminución de embarazos no deseados, un problema social de gran envergadura, y una tragedia individual en la mayor parte de los casos) y como es el Estado el que regula el negocio de las farmacias, no sería inconveniente ninguno reconocer a los Licenciados en Farmacia el derecho a la objeción de conciencia en la venta de este medicamento, pero también el Estado puede determinar las condiciones económicas de un negocio de utilidad pública restringido y regulado.
El Estado debería reservarse el derecho a la objeción de conciencia cuando éste se utiliza exclusivamente con finalidades morales (en realidad, con sometimiento a una determinada doctrina religiosa).
Vale.