domingo, 17 de mayo de 2009

Empecinados

El Partido Popular de Cáceres había aprobado un plan de urbanismo para 65.000 viviendas nuevas en una ciudad con menos de 95.000 habitantes. Un plan insostenible técnicamente (no hay capacidad de abastecimiento de agua para un volumen de viviendas como el propuesto) e incomprensible ya en el momento en que se produjo esa aprobación, mayo de 2007.
El actual equipo de gobierno (PSOE+IU), con el apoyo del concejal de Foro Ciudadano, sometió a aprobación un plan con un horizonte de 28.800 viviendas nuevas, muchas todavía. El Partido Popular se opuso frontalmente al recorte.
Ahora, PP y FC plantean incrementar, en la fase de alegaciones, la previsión en unas 5.000 viviendas, hasta llegar a las 34.000.
En realidad, el PP sigue empecinado en desconocer la realidad. En una situación de crisis económica mundial, que en España tiene el añadido de la crisis del sector de la construcción. Específicamente, el diferencial español en la crisis no es sino la crisis del sector residencial de la construcción, que ha llevado a los bancos a convertirse en grandes propietarios de viviendas.
Las decisiones políticas adoptadas por el primero gobierno de Aznar en 1996, llevaron a promulgar la Ley 6/1998, de régimen del suelo y valoraciones, que entre otros efectos poco criticados entonces y ahora, especialmente por los medios de comunicación de la derecha, está en que las empresas constructoras contabilizaban los terrenos en función de sus expectativas (especulación), y utilizaban esas contabilidades para que las tasadoras (sin crítica por el Banco de España, que ahora se pone estupendo dando recetas contra la crisis) avalaran con sus valoraciones la concesión de créditos por parte de la banca.
El PP, en lugar de callarse un poquito, en Cáceres continúa en la senda marcada por su gurú neoconsevador en lo económico y ultraderechista en lo político, José María Aznar. Así, el Plan de Urbanismo que planteaban de 65.000 viviendas estaba claramente inspirado en la Ley 6/98, máxime cuando el director del plan, Enrique Porto Rey fue uno de los redactores de dicha Ley. Hoy, Porto Rey está encausado por prácticas corruptas en materia de urbanismo.
Más le valdría al grupo municipal de la derecha explicar a los ciudadanos cómo aprobaron un plan para 65.000 en el que se robaban a la ciudad los derechos urbanísticos de las casi 16 hectáreas de suelo del actual ferial, para mayor gloria de los propietarios de los terrenos circundantes. Esa explicación sería necesaria. Y si no lo hacen, el puro y casto concejal de Foro Ciudadano debería exigirles una explicación antes de echarse en sus brazos y ayudarles a meter en el plan más terrenos de la Montaña, que servirán a sus propietarios para especular y para convertir en euros las herencias recibidas. Si Felipe Vela no exige al PP explicaciones sobre el asunto del Ferial (el PSOE ya lo ha hecho, rescatando para los intereses generales los derechos urbanísticos que le habían sido robados a los ciudadanos), se situará en la situación de cómplice de nuevas tropelías de las que tendrá que dar explicaciones.
Vale.

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