La derecha local no entiende, no quiere entender que el planeamiento urbanístico de la ciudad debe hacerse desde los principios de la sostenibilidad y la racionalidad. Y esos principios se valoran y se adecúan a criterios demográficos y sociales, para poner la ciudad al servicio de los ciudadanos, y no para poner las competencias de los órganos democráticos al servicio de los intereses económicos y a los intereses de los propietarios de suelo. Está claro que estos intereses son los que defienden, hasta límites ridículos, los concejales de la derecha cacereña.
Por ello, plantean que "los recortes" que el documento que comienza a tramitarse no están justificados, cuando es una de las razones que la Junta de Extremadura, competente para la aprobación definitiva, ha esgrimido para suspender la aprobación definitiva. Claro, que en el límite del razonamiento del portavoz del PP (de rebote y con fecha de caducidad ya pasada) parecería que el ordenamiento jurídico ha de ponerse a su servicio. O lo que es lo mismo, que la Junta de Extremadura no es competente para estas cuestiones. La ley es la ley, le guste o no.
El enrocamiento del portavoz del PP en el asunto de El Corte Inglés es otra cuestión que no tiene sentido en el trámite de la Revisión del PGM. Sería muy interesante comparar los cuatro documentos de revisión (Octubre de 2005, Diciembre de 2006, Mayo de 2007 y el actual) para que pudiera establecerse cómo se construye un pelotazo urbanístico, que necesariamente ha de contar con el beneplácito de los órganos políticos que deben aprobarlo.
No entiende la derecha local que se eliminen las viviendas de "segunda residencia" de la Estación de Arroyo-Malpartida, 1.733 viviendas, para casi 5.000 habitantes situada a 16 kilómetros de la ciudad. La Ley (vaya, otra vez la ley es un inconveniente para los conceptos políticos de la derecha) no contempla eso de la "segunda residencia", y mucho menos, que en esas 1.733 viviendas (por cierto, sin cesiones, gratis total) haya un 25% de vivienda protegida. ¿Chalets de protección oficial de segunda residencia? ¿Viviendas de protección oficial para fines de semana?
Se empeñan en defender una "casa de campo" de 170 Has, con unos desniveles que en su punto central requiere un túnel para pasar la Ronda Este, lo que la hace inviable para el uso que se pretende. Unos terrenos desnivelados que solamente servirían para echar a rodar las tortillas, y con una capa vegetal impresionante: solamente basta con ver el Sigpac o el Google Earth para imaginarse el dineral que costaría al municipio convertir ese secarral improductivo, propiedad de herederos que nunca han explotado estos terrenos, en una casa de campo. La casa de campo, claro está, es la que se construirían los propietarios en sitios mejores, incluso en la costa, a costa de la ciudad. Así y todo, el documento en curso consigue por la vía de los sistemas generales la mitad de los terrenos y podrían destinarse a casa de campo unas 60 Has, que incluyen parte de los mejores posibles, pero que así y todo tendrán un importante coste.
Con la mentalidad de no reconocer los conceptos de sostenibilidad, racionalidad, ordenamiento jurídico, preservación de la hacienda pública, economía del gasto público, no es extraño que el único criterio que guía a la derecha local en la revisión del plan es el de que los propietarios de suelo se hagan ricos, o que algunos marqueses de Villaquisiera, o Quieroynopuedo, reparen sus maltrechas economías familiares heredadas y que no han sabido mantener.
Vale.
Por ello, plantean que "los recortes" que el documento que comienza a tramitarse no están justificados, cuando es una de las razones que la Junta de Extremadura, competente para la aprobación definitiva, ha esgrimido para suspender la aprobación definitiva. Claro, que en el límite del razonamiento del portavoz del PP (de rebote y con fecha de caducidad ya pasada) parecería que el ordenamiento jurídico ha de ponerse a su servicio. O lo que es lo mismo, que la Junta de Extremadura no es competente para estas cuestiones. La ley es la ley, le guste o no.
El enrocamiento del portavoz del PP en el asunto de El Corte Inglés es otra cuestión que no tiene sentido en el trámite de la Revisión del PGM. Sería muy interesante comparar los cuatro documentos de revisión (Octubre de 2005, Diciembre de 2006, Mayo de 2007 y el actual) para que pudiera establecerse cómo se construye un pelotazo urbanístico, que necesariamente ha de contar con el beneplácito de los órganos políticos que deben aprobarlo.
No entiende la derecha local que se eliminen las viviendas de "segunda residencia" de la Estación de Arroyo-Malpartida, 1.733 viviendas, para casi 5.000 habitantes situada a 16 kilómetros de la ciudad. La Ley (vaya, otra vez la ley es un inconveniente para los conceptos políticos de la derecha) no contempla eso de la "segunda residencia", y mucho menos, que en esas 1.733 viviendas (por cierto, sin cesiones, gratis total) haya un 25% de vivienda protegida. ¿Chalets de protección oficial de segunda residencia? ¿Viviendas de protección oficial para fines de semana?
Se empeñan en defender una "casa de campo" de 170 Has, con unos desniveles que en su punto central requiere un túnel para pasar la Ronda Este, lo que la hace inviable para el uso que se pretende. Unos terrenos desnivelados que solamente servirían para echar a rodar las tortillas, y con una capa vegetal impresionante: solamente basta con ver el Sigpac o el Google Earth para imaginarse el dineral que costaría al municipio convertir ese secarral improductivo, propiedad de herederos que nunca han explotado estos terrenos, en una casa de campo. La casa de campo, claro está, es la que se construirían los propietarios en sitios mejores, incluso en la costa, a costa de la ciudad. Así y todo, el documento en curso consigue por la vía de los sistemas generales la mitad de los terrenos y podrían destinarse a casa de campo unas 60 Has, que incluyen parte de los mejores posibles, pero que así y todo tendrán un importante coste.
Con la mentalidad de no reconocer los conceptos de sostenibilidad, racionalidad, ordenamiento jurídico, preservación de la hacienda pública, economía del gasto público, no es extraño que el único criterio que guía a la derecha local en la revisión del plan es el de que los propietarios de suelo se hagan ricos, o que algunos marqueses de Villaquisiera, o Quieroynopuedo, reparen sus maltrechas economías familiares heredadas y que no han sabido mantener.
Vale.
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