Los medios de
comunicación en Extremadura publican en sus ediciones digitales lo
que veremos mañana en los papeles: que la Junta de Extremadura
(ahora conocida como Gobierno de Marketing de Extremadura) ha
reducido casi un 12% el gasto farmaceútico. Y los medios, ante
tamaña noticia y desconociendo los diversos trucos utilizados y con
el efecto del repago, la aplauden con las orejas de lectores poco
avisados.
El repago, que ha
supuesto que los pensionistas paguen (y adelanten) un 10% de sus
medicinas, algo que antes no se hacía. La demografía extremeña,
con un elevado porcentaje de personas mayores, hacen que ese 10% que
los pensionistas, con gran esfuerzo, tienen que abonar, formen parte
de ese “ahorro”. Vamos, que el Gobierno de los Mejores ahorra
sangrando a los ciudadanos.
También es curioso el
sistema, toalmente perverso, ideado por un gobierno de desalmados,
cuya Ministra de Sanidad, incapaz de ver un Jaguar modelo Gürtel en
el garaje de su casa, ha tenido la clarividencia de determinar que
los parados que perciban un subsidio, y en tanto lo estén
percibiendo, estén exentos del repago, pero que en cuanto dejen de
percibirlo, ya sea subsidio o RAI, tienen que abonar el 40% del
importe de los medicamentos, por quedar incluidos en el tramo de
rentas de 0 a 18.000 euros. El resto de los trabajadores, los que
ganan entre 18.001 y 100.000 euros pagan el 50% y los que ganan más
de 100.001 euros, el 60%. El sistema es tan perverso que, para que
pueda entenderse, un funcionario que sea auxiliar administrativo y
esté sujeto al régimen general de seguridad social, que gane poco
más de 18.000 euros está obligado a abonar el 40% de los
medicamentos que pudiera necesitar, él o los beneficiarios que
figuren a su cargo, lo mismo que debería abonar el Presidente del
Gobierno o la Ministra si precisaran atención médica y subsiguiente
dispensación de medicamentos. Pero como son sanos, fuertes y en La
Moncloa tienen una dotación de 180.000 euros para medicamentos...
pues no les hacen falta.
El ahorro en factura
sanitaria tiene, como ya hemos visto, una deuda con los pensionistas,
que han pasado de no abonar nada en el repago a abonar el 10%, y una
deuda con los parados que no tienen derecho a ningún tipo de
prestación o subsidio que han de abonar el 40%.
Sin embargo, el Gobierno
de los Falsos Ahorradores añade a su gestión favorable, según el
Consejero de Marketing (en otros tiempos, su denominación hubiera
sido más acertada: Prensa y Propaganda) algún truco más propio de
tahúres del Mississippi que de gestores honestos de lo público.
Desde el mes de octubre,
y por orden del actual Consejero de Salud, un maestro de escuela,
lego en medicina y farmacia, se está produciendo un hecho que podría
ser digno de denuncia pública y, si nos ponemos finos, hasta pena:
cuando un paciente va a la farmacia, a recorger alguna medicina
prescrita por su médico de cabecera o por el especialista
correspondiente, se puede encontrar con la desagradable sorpresa de
que el medicamento que precisa no está en la receta electrónica.
Ese día, el paciente no recoge el medicamento, no abona el 10% (si
es pensionista) o el 40% (si es un trabajador o parado sin subsidio
que gana hasta 18.000 euros) o el 50% si sobrepasa los 18.000 euros.
Pero ese día, también, el Gobierno de los Mejores anota “un
ahorro” del 90, 60 o 50%, según los casos, en ese medicamento.
¿Qué es lo que sucede?
Que un maestro, un profesor de EGB ha ordenado que, periódicamente,
y sin tener en cuenta ningún criterio médico, profesional, se
eliminen medicamentos de las recetas electrónicas. Los efectos
pueden ser desde que el enfermo que necesita ese medicamento se vea
obligado a ir de nuevo al médico, para que vuelva a incluirle en la
receta esa medicina cuya anulación tan bien le viene a un sujeto que
hace hojas de cálculo. Pero también puede ocurrir que el paciente
que necesita ese medicamento y que tiene alguna dificultad para
acudir de nuevo al médico (por ejemplo, en determinadas zonas
rurales, o en algunos barrios más alejados de centros de salud, o
dificultades de movilidad...) no vaya. O lo que es lo mismo, que por
orden imputable exclusivamente al profesor de EGB que, tras dos
fiascos de consideración en sus antecesores, se ha encontrado con el
cargo de Consejero de Salud, se puede poner en riesgo la salud de los
ciudadanos , pero todo sea por conseguir el titular del ahorro.
Ese titular tan hermoso
que los medios de transmisión de mensajes oficiales, digo de
comunicación, señalan del ahorro de casi el 12%, parece que no
puede ser debido, sin duda en gran parte, a la excelente gestión del
mejor consejero de Salud que tiene Extremadura, sino a la desalmada
legislación puesta en marcha por el Partido Popular y a trucos que
bordean el intrusismo profesional, cuando no lo traspasa, como es el
de ordenar la modificación de la receta electrónica. O lo que es lo
mismo, atribuirse la capacidad de modificar un tratamiento médico.
Así por las buenas.
Por cierto, el profesor
de EGB se llama Luis Alfonso Hernández Carrón, que es, desde
octubre, el que firma todas las recetas electrónicas de Extremadura
y las modifica a su antojo y al del funcionario que le hace las hojas
de cálculo del ahorro.
Vale.
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