Con motivo de la
tramitación de la legislación en materia reguladora del aborto, los
médicos de los servicios públicos sanitarios han invocado la
objeción de conciencia para no aplicar la Ley. Son empleados
públicos, que cobran dinero público y que, en el ámbito de su
relación laboral con las Administraciones Públicas están sometidos
al imperio de la ley, de las leyes que emanan del poder legislativo.
Pero, siempre, esa objeción de conciencia, más ideológica que
científica, ha terminado por imponerse y esos empleados públicos no
han visto mermadas sus retribuciones por incumplir la Ley.
Privilegios. Apoyados por toda la caterva reaccionaria, desde la
iglesia hasta medios de comunicación al servicio de un modo de
entender la realidad según el cual todo aquello que suponga progreso
y derechos, ha de condenarse. Religiosamente.
En estas fechas en las
que el gobierno del Partido Popular, al servicio de los intereses más
espurios de lo que etéreamente se llaman los mercados, pero que en
la práctica son los intereses de la patronal, es fácil llegar a una
ventanilla de cualquier administración y, tras exponer quejas o
situaciones injustas, derivadas de una salvaje demolición del estado
del bienestar, algún funcionario termina diciendo aquello de “ya
sé que es injusto, pero son las normas”. O “si yo le entiendo,
pero son las normas que hay que aplicar”.
¿Por qué los
funcionarios que reconocen que las medidas, especialmente en materia
social -sanitaria, educativa, laboral- son injustas no ejercen el
derecho a la objeción de conciencia? ¿No tienen, no pueden tener
los funcionarios el mismo privilegio que los médicos que objetan a
la legislación en materia de aborto?
Es seguro que en nuestro
país, con un sistema funcionarial de doble medida, el vitalicio y el
interino, nadie se ha planteado que los funcionarios puedan decir:
esta norma es injusta y no me niego a aplicarla. ¿Por qué los
funcionarios solamente se manifiestan por mantener sus privilegios,
sus sueldos y no se manifiestan por las injusticias que las normas
les impelen a aplicar?
El doble sistema
funcionarial, el vitalicio y el interino están en el origen de que
los empleados públicos que reconocen ante los ciudadanos la
injusticia de las normas que han de aplicar, no se planteen la
objeción de conciencia. El funcionario vitalicio porque goza del
privilegio de serlo, y que para qué se va a complicar la vida, si lo
que pasa del mostrador de atención al público hacia afuera a él ni
le va ni le viene, tiene su nómina segura. El interino (ya sea
funcionario interino, contratado o laboral) porque lo que pase del
mostrador hacia adentro sí le puede afectar a su nómina, hasta
perderla.
Cuando un funcionario que
atiende a un ciudadano en grave riesgo de exclusión social le dice
que comprende su reclamación, pero que la norma es la norma y que no
puede tener derecho a aquello que puede solucionarle, como mucho, el
dar de comer a su familia el próximo mes, no está teniendo un acto
de empatía, sino de hipocresía. Si el funcionario reconoce la
injusticia de denegar una petición en el límite del socorro,
debería obrar en consecuencia. Pero, cuando el ciudadano indefenso
se marcha, sin solucionar su problema, ese funcionario, si es
vitalicio, recupera su asiento ante la mesa del ordenador, respira
tranquilo y espera al siguiente, sabiendo que ha quedado como un
señor consolando, que no resolviendo, a un pobre indefenso. Si no es
un interino, o un contratado, regresa a su pantalla del ordenador,
sabiendo que ha cumplido con su deber y sabiendo que si sigue así,
nunca se verá en la situación de quien acaba de irse.
La demolición del estado
del bienestar que un partido político, el Partido Popular, está
llevando a cabo por encargo de la patronal, de la gran banca que es
quien le sustenta, apoya y mantiene, debería llevar los funcionarios
a plantearse el ejercicio de la objeción de conciencia, para no
convertirse en hipócritas de ventanilla.
Plantear esta cuestión a
los sindicatos no llevaría a ningún sitio, porque no va con ellos.
Porque su función sindical en el ámbito de las adminsitraciones
públicas se limita a mantener los privilegios de los funcionarios
vitalicios y a utilizar a contratados e interinos para que los
vitalicios puedan seguir teniendo su nómina fija y su conciencia
tranquila.
Vale.
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