La decisión del concejal Joaquín Rumbo de apoyar el desbloqueo de la contrata del agua, con su voto en favor de la aceptación del informe de la Junta de Extremadura sobre el pleno que aprobó el desestimiento, y de la adjudicación provisional del servicio, a la empresa Acciona, parece haber cogido de sorpresa a la candidata del Partido al Ayuntamiento.
La fotografía de la portada de El Periódico Extremadura del sábado, 14 de mayo, es demoledora, porque demuestra la incapacidad de la candidata de gobernar a los suyos, un reducido grupo de 12 persona, incluida ella, y que aspira a gobernar una ciudad cercana a los 100.000 habitantes.
Hasta ahora, hemos asistido a una decisión tajante, atribuible expresamente, según las informciones publicadas, a la candidata, y que fue la exclusión del concurso del Canal de Isabel II. Decisión que fue revocada por la Justicia, en un auto tan rápido y contundente que pareció señalar que la candidata pudiera ir por vías distintas a la estricta legalidad. A partir de ese momento, sus comparecencias públicas excluían cualquier referencia al asunto del agua, que quedé delegado en el concejal V.P. (las iniciales se corresponden con una entrada en el muro de facebook de la propia candidata).
La posición del grupo popular, desde entonces, ha sido la negarse a admitir que procedía la obligación de resolver el concurso, que llevaría a la adjudicación provisional y que permitiría a las empresas no adjudicatarias la presentación, si lo consideran conveniente, de los recursos que sus servicios jurídicos estimen. Es decir, la normalidad.
Sin embargo, en todo este tiempo, se ha mantenido por dicho grupo que el concurso estaba viciado de ilegalidad, algo que tuvo su culmen en el pleno que aprobó, con una vergonzante moción de urgencia, el desestimiento del concurso (es decir, que todo lo actuado, incluida la aprobación del Pliego por el propio grupo popular, quedaba anulado). Vergonzante, porque se acusó de manera inmisericorde a un funcionario de haber manipulado las valoraciones.
El asunto preocupó tanto, que la propia Federación Empresarial Cacereña exigió explicaciones. O lo que es lo mismo, que se informara de las causas reales por las que se llegó al desestimiento. Esas explicaciones se le dieron a los empresarios en una reunión (a los ciudadanos, todavía, no). En la citada reunión los argumentos de peso jurídico eran los siguientes:
a) “Porque el comienzo del mismo [el concurso] se ha realizado con un año de retraso y dos prórrogas”
b) Porque “el concurso se ha gestionado mal desde el principio hasta el fin, por parte del equipo de gobierno”
c) Porque "hay tres empresas de las cuatro que se han presentado, que han estado en primer lugar para la adjudicación de la concesión del Agua”.
Argumentos, todos ellos, fundados en ¿qué artículos de qué ley o leyes?
En la reunión con los empresarios, además de la candidata, estuvieron Valentín Pacheco, Domingo Nevado... y Joaquín Rumbo.
No es creíble que si el concurso está totalmente viciado y pudiera dar lugar a cualquier tipo de responsabilidades, como ha dicho, sin argumentos (práctica habitual en ese partido, práctica que se llama hipocresía: acusar sin pruebas), el concejal Rumbo se haya querido pegar un tiro en el pie incurriendo en ellas.
La realidad, al día de hoy, es que la candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Cáceres ha demostrado su incapacidad para gobernar a su reducido grupo de concejales y la incompetencia de asumir la dirección de un procedimiento de tanta importancia social y económica como es el asunto del agua. No sirve aquello de saber delegar. Claro que hay que delegar, pero cuando las cuestiones son de primer orden, hay que asumirlas en primera persona, hay que tener capacidad y competencia para ello.
Es muy triste pensar que quien ha demostrado carecer de competencia para asumir los grandes asuntos aparezca como favorita en la próxima contienda electoral. Se dice que el pueblo, cuando vota, no se equivoca nunca. Pero hay que recordar que cuando se ejerce el derecho al voto se está delegando en los candidatos, delegando, porque la responsabilidad de lo que los electos hagan con la confianza que reciban, será de quienes les hayan votado.
Vale.
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