En la semana que termina se ha producido una reunión entre el Ayuntamiento de Cáceres y directivos de Busursa, encabezados por el hijo del amo Díaz Ferrán. En el fondo del asunto, la deuda del Ayuntamiento con la empresa y las causas de esta deuda. En las informaciones de prensa, en cambio, nada se dice sobre la gestión de la empresa.
¿Por qué la empresa no cumple con la obligación legal de facilitar las cuentas al Comité de Empresa? ¿Por qué cuando el Comité de Empresa, una parte, plantea una votación entre los trabajadores para llevar a los juzgados de lo social el incumplimiento de esa obligación, los trabajadores no respaldan al Comité? A la primera pregunta, la respuesta es fácil: a Busursa no le da la gana. Como tampoco le da la gana al Ayuntamiento someter a la empresa a una auditoría como es debido.
A la segunda pregunta, la respuesta es fácil: el amiguismo en las contrataciones de personal, y al enchufismo, especialmente nefasto en los doce años de gobierno del PP. Y algún que otro “velado” reciente.
Sobre la deuda del Ayuntamiento y su origen, la respuesta es sencilla: el contrato, adjudicado por una convocatoria realizada por el gobierno de mayoría absoluta presidido por Saponi. La redacción de ese contrato y las diversas necesidades de servicios surgidas desde que se adjudicó, han hecho que la empresa gane dinero sin que el servicio sea utilizado.
El contrato está basado en una contraprestación exclusivamente basada en el número de kilómetros, sin que aparezca ninguna modulación por utilización del servicio. Así, si hay que poner un servicio nocturno que no se utiliza (ha habido días, muchos, que la recaudación total del servicio ha sido de un euro), la empresa encantada. Si hay que poner un microbús a Rincón de Ballesteros para traer a vecinos a la feria de ganados, se pone: utilizaron el servicio tres personas, y el coste laboral del conductor fue cero, porque lo prestó un “inspector” que tenía que cumplir su jornada. En vez de “inspeccionar”, hizo de conductor.
Si hay que entrar en una urbanización privada, con una buena distancia en kilómetros, se entra. Aunque el servicio no se utilice.
El ayuntamiento paga por kilómetros. ¡Qué más da!
Los que hicieron el pliego de condiciones, los que lo aprobaron y los que firmaron el contrato se lucieron.
El déficit del servicio de transporte urbano tiene dos elementos: un déficit contable, basado en los kilómetros, y un déficit real, mucho menor, de manera que la diferencia entre uno y otro es un beneficio real para la empresa, aunque tarde en percibir el montante contable.
En la actual situación económica, procede que el ayuntamiento reduzca los kilómetros que abultan sin cuento el déficit del servicio. No hay que reducir líneas, hay que reducir kilómetros.
Algún ejemplo:
1.- Supresión del transporte urbano a una urbanización privada (Ceres Golf). Parada en la entrada de la urbanización, nada más.
2.- Supresión del refuerzo campus: los estudiantes, la inmensa mayoría, tienen la tarjeta mensual, por lo que se ahorraría el trayecto entre la cabecera de la línea en la Plaza de América y el Auditorio, ya que los usuarios de ese trayecto pueden tomar la línea 2 y transbordar tanto en Plaza de América como en Plaza de Toros.
3.- Supresión del bus nocturno, por su nula utilización.
4.- En horario de mañana de sábados, mantener un solo vehículo en la línea 4.
5.- Disminución del número de vehículos al campus en horarios de tarde, especialmente los viernes.
Con estas y otras similares decisiones, se disminuirá el número de kilómetros que se abonan, se utilice el servicio o no, a la empresa.
Y aprender para el próximo concurso y no hacer como hizo en su momento el PP, apoyado en su mayoría absoluta, que firmó un contrato claramente lesivo para los intereses de la hacienda pública municipal.
Vale.
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