Sindicatos, ¿para qué?

¿Qué pasaría si cada vez que las Cortes Generales aprueben una ley, cualquier ley, fuera smetida a referéndum entre todos los ciudadanos o entre los colectivos directamente afectados? ¿Cuál sería, entonces, el mandato que los ciudadanos otorgamos a los diputados y senadores cuando los elegimos en el uso del derecho al voto universal, libre, directo y secreto?
Estas cuestiones vienen hoy a mi reflexión cuando leo y oigo que los sindicatos han llegado a un acuerdo con el gobierno en la huelga de los funcionarios de Justicia de las CC.AA. que no tienen transferidas las competencias, pero que deberá ser sometido a referéndum entre los trabajadores. ¿No ha habido elecciones sindicales en las CC.AA. sin transferencias en Justicia? ¿Qué clase de elecciones en las que los electos carecen de mandato para negociar en nombre de sus electores? ¿Hasta dónde les llega el mandato, para negociar el color de los bolígrafos o de las sillas de oficina?
Es lamentable que las centrales sindicales mayoritarias, las que se reclaman sindicatos de clase, se presten a un juego en el que carecen de capacidad de negociación y acuerdo y su papel se reduce al de mensajeros, simples mensajeros. ¿Qué hacía, entonces, Fidalgo en la manifestación de los funcionarios de Justicia?
La huelga debería servir para poner de manifiesto el triste papel sindical, el reducido cometido sindical, que devalúa el concepto mismo de sindicato, sobre todo de los sindicatos de clase. Y también para que, de una vez por todas, se asuma el reto de modernizar de una puñetera vez a la Administración Pública. Porque, ¿cómo es posible que una de las cuestiones que se plantea por el Goberno para asumir, al menos en parte, las reivindicaciones de los huelguistas es la de mejorar la actividad propia de los funcionarios? ¿Es que ahora no cumplen con sus obligaciones o con sus funciones?
De una vez por todas, por encima del Estatuto del Empleado Público (¡qué cosas!) y por encima del lamentable papel sindical en esta huelga, la única opción posible de mejora de la Administración de Justicia, y, en la práctica, de toda la Administración Pública, es la supresión del derecho vitalicio de los funcionarios públicos, que deberán someterse cada cierto período de tiempo, cinco o seis años, por ejemplo, a pruebas de evaluación de conocimientos y actualización propios de las funciones que desempeñen, y en caso de no superarlas, causar baja en la Administración.
Y quien tenga una oferta mejor, que la explique, que la explique. Pero los sindicatos no, por favor.