El pasado mes de julio, el senador designado por la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Extremadura José Antonio Monago preguntó, como ya hizo en 2009, sobre la situación del Acuartelamiento de Santa Ana y la previsión de ubicar en él un Regimiento de Ingenieros. La respuesta, entonces, citaba el Protocolo General de Intenciones suscrito entre Ministerio de Defensa, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres, y admitía que el despliegue de la fuerza que figuraba en el RD 416/2006 había sido modificado por la O.M. DEF/3771/2008, y que ya no se contemplaba el traslado del Regimiento de Ingenieros nº 1 de Burgos a Cáceres. También afirmaba el gobierno en su respuesta al senador Monago que “sin embargo, el Ministerio de Defensa ha considerado conveniente realizar la ampliación de terrenos, tal y como se acordó en el mencionado Protocolo, los cuales van a ser útiles tanto al CIMOV nº 1 como a la Unidad que en un futuro pudiera allí ubicarse”.
La respuesta que el Ministerio de Defensa dará a la pregunta formulada en julio de 2010 será básicamente igual, si bien la realidad, en diciembre, varía en cuanto en este mes finaliza la vigencia del Protocolo firmado.
Para dar contenido al Protocolo se hace preciso que se formule un Convenio Interadministrativo, que ha de aprobar el Pleno municipal, para que el Cuartel Infanta Isabel pase a titularidad municipal, previa tasación de su valor, así como se reubique la Subdelegación de Defensa en Cáceres. En caso de que no puede firmarse el correspondiente Convenio, el Protocolo finalizaría su vigencia y los compromisos políticos adquiridos decaerían, tanto los que asumía el municipio, como los asumidos por la Junta y por el propio Ministerio.
En fechas recientes, y tras múltiples contactos y gestiones, encaminadas estas últimas a localizar un inmueble en el que ubicar la Subdelegación de Defensa (paso necesario para dejar libre el Cuartel Infanta Isabel), se encontró la solución y su traslado a un Convenio Interadministrativo.
Ahora toca al Pleno municipal, previo conocimiento por los grupos municipales del documento, por supuesto, pronunciarse, aprobarlo y que las estipulaciones del mismo (disponibilidad de ubicación para la Subdelegación, acuerdo en el valor de tasación del Cuartel, forma de pago al Ministerio de ese valor…) se vayan cumpliendo.
Será difícil, de hecho, ya lo es, por cuanto estamos en período preelectoral y las expectativas de unos y otros pueden dar al traste con el resultado final, de imprevisibles consecuencias.
Para tener en cuenta, un solo detalle: por ley, por imperativo legal, el Ministerio de Defensa no puede ceder gratuitamente ninguna propiedad. No ya que quiera hacerlo o no, no ya que políticamente al partido en el gobierno, ahora el PSOE, hasta 2004 el PP, le interesara, sino que es la ley la que lo establece. Si ahora, en esta larguísima campaña electoral alguien con aspiraciones de gobierno o algún partido con aspiraciones o que haya ejercido responsabilidades de gobierno, pretende hacer demagogia con este tema deberá saber que los riesgos de que el Protocolo no llegue a cumplirse correrán de su cuenta y siempre habrá alguien dispuesto a recordarles la factura. O a recordar la factura de quien, por ejemplo, hubiera hecho dejación de sus obligaciones para con el patrimonio municipal.
Negarse a llegar a acuerdos sostenidos en la legalidad vigente solamente puede hacerse desde perspectivas de ignorancia o de mala fe política y ciudadana.
Vale.
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