Valor y precio

El debate social y político sobre la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Econmía Sostenible, bautizada por los agnósticos de la red como Ley Sinde, ha dejado grandes cicatrices. La primera, sobre la que no me voy a extender ahora, es que para los más jóvenes ha quedado claro que todo lo que pueda ser susceptible de cargar y descargar de la red ha de ser gratis. Sin matices.
Ha dejado claro este debate que son muchos los defensores de la libertad de expresión para los que el trabajo creativo no tiene ni valor ni debe tener precio. Gratis total. Es decir, la libertad de expresión está por encima del derecho al trabajo de los creadores. ¿Crear, para qué?
Y esto me lleva a recordar que existe una cosa que se llama valor y otra que se llama precio, y que no son lo mismo.
Valor: “Cualidad de las cosas, en virtud de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente.” (RAE, acepción 2).
Precio: “Valor pecuniario en que se estima algo.” (RAE, acepción 1).
Como se aprecia y como la gente no ignora, no es lo mismo valor que precio. Y el debate mediático,sin pies ni cabeza, con gentes aparentemente inteligentes arrastrando sus contradicciones como puede (incluso sin poder arrastrarlas), ha puesto de manifiesto, tras el triunfo de los detractores de la Ley Sinde, la gran importancia de la libertad de expresión, el valor absoluto de la libertad de expresión sobre cualquier otro. Pero ¿cuánto cuesta la libertad de expresión? O mejor: si la libertad de expresión es un valor, ¿cuál es su precio?
La cultura, como valor de una sociedad, ha quedado claro que no tiene precio: ha de ser gratis. La Ley Sinde lo ha aclarado todo. La cultura, como valor, debe ser gratis. La libertad de expresión, como valor, no puede ser objeto de precio alguno.
Veamos algún ejemplo.
Los toros. El parlamento de Cataluña aprueba la prohibición de los toros. En su contra, los españolistas consideran que esa prohibición es un motivo político para ir contra España. Y el argumento para “defender” los toros es decir que son cultura. Contradicciones evidentes: gentes de todo tipo, incluidos inteleStuales, afirman sin pudor que los toros son cultura. Pero los espectáculos culturales denominados toros cuestan un precio... y cada vez son menos, en toda España, los que pagan ese precio por ir a los toros. Los ven en televisión cuando son gratis. Corolario: si la cultura, como valor (en este caso, además, el valor de los toreros) requiere pagar un precio (en euros contantes y sonantes), ya no son tantos los que están dispuestos a pagarlo.
La Semana Santa. En las ciudades con tradición secular en procesiones, son miles de personas las que visitan las iglesias para ver los pasos antes de ser procesionados y asisten a los desfiles procesionales. Hay mucha gente que acude por interés religioso. Nada que objetar. Pero hay mucha gente, cada vez más, que creen que la Semana Santa es una manifestación cultural y visitan las iglesias para ver los pasos antes de ser procesionados y asisten a los desfiles procesionales. Claro, los pasos tienen un valor cultural y artístico y las procesiones, también, como coreografías y vestuarios. Si para visitar las iglesias en Semana Santa o ver los desfiles procesionales fuera preciso pasar por taquilla, serían muchos menos, pero muchos, los que renegarían del valor cultural de nazarenos y vírgenes Marías.
Estos dos ejemplos, y muchos más, demuestran que cuando la cultura se considera como lo que es, un valor de una sociedad hay cada vea menos gente, incluso entre quienes se autoproclaman inteleStuales, dispuesta a pagar un precio en euros.
Recuerdo una campaña publicitaria, creo que era de una compañía telefónica, Amena, que vendía libertad a cambio de comprar un móvil.
Si la libertad de expresión se consigue sin ningún esfuerzo, si el acceso a las creaciones de otros no requiere ninguna contraprestación que permita nuevas creaciones, ya no hay libertad de expresión, será otra cosa.
Y en medio de la polémica sobre la Ley Sinde, una empresa, el grupo Prisa (en manos de una compañía yanki de seguros) cierra un medio de comunicación, CNN+. Y la libertad de expresión, en este caso, no se resiente. Patético.
Vale.

La candidata (que no lo será)

La venida de dios al polideportivo de Cáceres, ha dejado secuelas. La anunciada candidata a la alcaldía de Cáceres, Elena Nevado, a lomos del halo trabajador de Mariano Camps se comporta en asuntos de gran importancia no como si ya fuera alcaldesa (según sus encuestas), sino como si fuera la reina del mambo.

Hoy, en un delirio inexplicable, ha sumado su voto al del concejal del Partido Talibán (en castellano antiguo, Izquierda Un-d-ida), para, a la vista de tres informes encargados por ella y por el concejal Pavón, desechar dos de ellos (contrarios a sus tesis) y apoyarse en uno solo para descartar del concurso de adjudicación del Servicio de Suministro de Agua al Canal de Isabel II.

¿Ha medido bien sus actos la candidata (que no lo será) Elena Nevado? Los informes disponibles no son, ni mucho menos, concluyentes para producir la exclusión del Canal de Isabel II. Da la casualidad que el Canal es una empresa pública de la Comunidad de Madrid, en la que el trabajador Mariano tiene muy poco que decir, ni en la Comunidad, donde manda y ordena la lideresa Esperanza Aguire, ni el Ayuntamiento, donde acumula deuda sobre deuda el alcalde Gallardón. ¿Cómo se tomará el Partido Gurtelar de la Comunidad de Madrid que una candidata de provincias se atreva a utilizar su posición en el mismo partido para perjudicar los intereses de la Comunidad que preside la lideresa?

Si los datos fueran claros, si las ofertas presentadas establecieran, a la vista de los informes técnicos y jurídicos suficientes datos concluyentes para excluir al Canal de Isabel II del concurso de aguas en Cáceres, no habría ningún problema. O sí. ¿Quiere decir la candidata (que no lo será) Elena Nevado que ella y el concejal Pavón tienen mucha mas capacidad técnica y jurídica que los técnicos y jurídicos del Canal de Isabel II, seguramente muchos de ellos militantes o simpatizantes de su mismo partido? Porque los informes de los técnicos municipales van en otra dirección:

Según la agencia Europa Press, la Mesa de Contratación del ayuntamiento conoció este lunes el informe solicitado por ambos grupos políticos a tres técnicos municipales, el ingeniero industrial, el interventor y el secretario general sobre la necesidad de exclusión o no de alguna de las empresas que optan a la concesión del Servicio Integral del Agua, en base a las dudas suscitadas en la presentación de sus características técnicas.
El informe según dos de los tres técnicos propone la no exclusión de la empresa Canal de Isabel II, pero el Partido Popular e Izquierda Unida han votado a favor del voto particular que pide la exclusión, que es lo que ha salido aprobado. (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=551379)
Cabe esperar, de modo lógico, que la dirección de Canal de Isabel II en Cáceres informará al Consejo de Administración de lo sucedido y que en esa información estará claro que ha sido la candidata (que no lo será) del mismo partido que nombra al Director Gerente, al Consejero Delegado, al Presidente del Consejo de Administración la que, a la vista de tres informes pedidos por ella misma, y que dos de ellos no son partidarios de la exclusión se apoye solamente en uno para votar junto al concejal desahuciado de IU.

Pero no es esta la única ida de olla de la candidata (que no lo será) Elena Nevado. Ante la petición de una potente fundación para que apoye en el Pleno del Ayuntamiento la suscripción de un convenio entre el Ayuntamiento de Cáceres y el Ministerio de Defensa para que el Cuartel Infanta Isabel pase al Ayuntamiento, la candidata (que no lo será) sale por los cerros de Úbeda y afirma y se crece diciendo que el Ayuntamiento no debe pagar ni un duro por el inmueble. La candidata (que no lo será) debería conocer el derecho, el derecho español, ya que en su biografía figura que es abogada en ejercicio. Y el derecho español estable que el Ministerio de Defensa no puede realizar ninguna cesión gratuita de ningún inmueble de su propiedad, sin excepciones.

La actitud, elevada y altanera de la candidata que no lo será, en el asunto del Convenio con el Ministerio de Defensa puede tener daños colaterales. Por ejemplo, que cuando el Ministerio de Defensa, conforme a la ley, subastó los terrenos del Cuartel Infanta Isabel, el Ayuntamiento de Cáceres, gobernado por su partido y presidido por su mentor político (la candidata Elena Nevado fue fichada para la lista en el año 2007 por José María Saponi), miró para otro lado y no ejerció ninguna acción reivindicativa de propiedad o derechos patrimoniales sobre los terrenos que el Ministerio de Defensa sacó a subasta.

¿Qué efectos colaterales podrá tener la actitud intransigente y altanera de la candidata (que no lo será) negándose a apoyar un Convenio redactado conforme a la ley? Muy sencillo: los bienes y derechos patrimoniales de las administración pública son inalienables (salvo en los procedimientos fijados en la ley), inembargables e imprescriptibles. Y cuando quien tiene la obligación de defender esos derechos (los que correspondían al Ayuntamiento en la enajenación mediante subasta de los terrenos del Cuartel Infanta Isabel) no lo hace, está haciendo dejación de obligaciones. Y eso fue lo que ocurrió en noviembre de 2000, que el alcalde de la ciudad, del mismo partido que Elena Nevado, miró para otro lado, dejando de ejercer la defensa de los derechos municipales, y perjudicando, con ello, el patrimonio y la hacienda pública municipal.

Si por la acción de entidades públicas o privadas o de ciudadanos del común se llegan a exigir responsabilidad en la sede que sea al que fue alcalde de Cáceres por dejación de sus obligaciones para con la hacienda y el patrimonio municipales, el agradecimiento deberá ir dirigido a Elena Nevado.

Vale.

AVE para ricos... y a correr

La reciente inauguración del AVE a Valencia completa las grandes ciudades que están enlazadas con Madrid en alta velocidad: Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Barcelona... Eso hace que España se haya convertido en el país con más kilómetros de alta velocidad, y con más gente que, a alta velocidad, comienzan a ser “sensatos”.
Días atrás ya escuché a Carlos Carnicero “reflexionar” en la tertulia de la Cadena SER (Hora 25) sobre si de verdad es tan necesario y tan importante tener una gran red de alta velocidad. Hoy, un diario catalán publica un artículo “La crisis sonroja al AVE”, con un clarificador subtítulo: “Los expertos cuestionan que España continúe con una política tan activa en la alta velocidad”. Claro, Cataluña ya tiene AVE, los demás que se jodan. Seguro que esos expertos eran los que criticaban a comienzos de los 90 que el AVE llegara antes a Sevilla que a Barcelona.
Mientras que el ministro Blanco viene garantizando que la licitacion de los tramos que faltan a Galicia y a Extremadura estará hecha en 2011, son cada vez más los expertos (singularmente los potentes colegios profesionales catalanes, ahora el Colegio de Ingenieros) que dicen, qué casualidad, que no nos podemos permitir tener AVE en toda España.
Volvemos, por tanto, a lo de siempre. Mientras que la tragedia de Puerto Hurraco agotó los bidones de tinta de los periódicos (las empresas de prensa son todas conservadoras, de derechas) vinculando la “España negra” a zonas de mayoría socialista, ahora que en Olot, la Cataluña profunda, negra, suceden hechos trágicos, enseguida se desvía el asunto a analizar los problemas psiquiátricos de los sospechosos, pero no se dice nada de una región que tiene en su interior (y todo nacionalismo, el españolista también) la larva de la endogamia enfermiza que no pueden tapar con portentosas y costosas fachadas modernas en el puerto de Barcelona.
Volvemos, ahora que los ricos ya tienen lo que querían, a cuestionar si lo que ellos han obtenido gracias al esfuerzo de todos es también un derecho para todos. No, no puede ser.
En meses próximos seguiremos conociendo informes de expertos, todos bien instalados, todos bien cercanos a los poderes económicos privados, conservadores por definición, de derechas por convicción. En los próximos meses, mientras la lucha política se circunscribe a titulares de prensa y al ejercicio del “y tú más”, los expertos irán creando el caldo de cultivo que ya ha comenzado para evitar que los recursos económicos del Estado que reclaman para sus intereses no se pueda invertir en despilfarros (desde la entrada en funcionamiento del AVE a la tierra de la derecha más reaccionaria y corrupta, toda inversiónde este tipo en otros territorios, será despilfarro) en regiones poco pobladas, que no se merecen lo que ellos ya tienen.
Vale.

Parlamento, realidad y expectativas electorales

El pasado mes de julio, el senador designado por la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Extremadura José Antonio Monago preguntó, como ya hizo en 2009, sobre la situación del Acuartelamiento de Santa Ana y la previsión de ubicar en él un Regimiento de Ingenieros. La respuesta, entonces, citaba el Protocolo General de Intenciones suscrito entre Ministerio de Defensa, Junta de Extremadura y Ayuntamiento de Cáceres, y admitía que el despliegue de la fuerza que figuraba en el RD 416/2006 había sido modificado por la O.M. DEF/3771/2008, y que ya no se contemplaba el traslado del Regimiento de Ingenieros nº 1 de Burgos a Cáceres. También afirmaba el gobierno en su respuesta al senador Monago que “sin embargo, el Ministerio de Defensa ha considerado conveniente realizar la ampliación de terrenos, tal y como se acordó en el mencionado Protocolo, los cuales van a ser útiles tanto al CIMOV nº 1 como a la Unidad que en un futuro pudiera allí ubicarse”.

La respuesta que el Ministerio de Defensa dará a la pregunta formulada en julio de 2010 será básicamente igual, si bien la realidad, en diciembre, varía en cuanto en este mes finaliza la vigencia del Protocolo firmado.

Para dar contenido al Protocolo se hace preciso que se formule un Convenio Interadministrativo, que ha de aprobar el Pleno municipal, para que el Cuartel Infanta Isabel pase a titularidad municipal, previa tasación de su valor, así como se reubique la Subdelegación de Defensa en Cáceres. En caso de que no puede firmarse el correspondiente Convenio, el Protocolo finalizaría su vigencia y los compromisos políticos adquiridos decaerían, tanto los que asumía el municipio, como los asumidos por la Junta y por el propio Ministerio.

En fechas recientes, y tras múltiples contactos y gestiones, encaminadas estas últimas a localizar un inmueble en el que ubicar la Subdelegación de Defensa (paso necesario para dejar libre el Cuartel Infanta Isabel), se encontró la solución y su traslado a un Convenio Interadministrativo.

Ahora toca al Pleno municipal, previo conocimiento por los grupos municipales del documento, por supuesto, pronunciarse, aprobarlo y que las estipulaciones del mismo (disponibilidad de ubicación para la Subdelegación, acuerdo en el valor de tasación del Cuartel, forma de pago al Ministerio de ese valor…) se vayan cumpliendo.

Será difícil, de hecho, ya lo es, por cuanto estamos en período preelectoral y las expectativas de unos y otros pueden dar al traste con el resultado final, de imprevisibles consecuencias.

Para tener en cuenta, un solo detalle: por ley, por imperativo legal, el Ministerio de Defensa no puede ceder gratuitamente ninguna propiedad. No ya que quiera hacerlo o no, no ya que políticamente al partido en el gobierno, ahora el PSOE, hasta 2004 el PP, le interesara, sino que es la ley la que lo establece. Si ahora, en esta larguísima campaña electoral alguien con aspiraciones de gobierno o algún partido con aspiraciones o que haya ejercido responsabilidades de gobierno, pretende hacer demagogia con este tema deberá saber que los riesgos de que el Protocolo no llegue a cumplirse correrán de su cuenta y siempre habrá alguien dispuesto a recordarles la factura. O a recordar la factura de quien, por ejemplo, hubiera hecho dejación de sus obligaciones para con el patrimonio municipal.

Negarse a llegar a acuerdos sostenidos en la legalidad vigente solamente puede hacerse desde perspectivas de ignorancia o de mala fe política y ciudadana.

Vale.

Punto de vista

No soy, ni con mucho, un fotógrafo consumado, solamente alguien que utiliza la cámara digital para captar lo que ve cuando pasea. Me gusta que la fotografía tenga, eso sí, el punto de vista de quien pasea por su ciudad y le gusta verla. A veces, en esos paseos, el punto de vista y el objetivo de la cámara se alían para conseguir perspectivas que cualquiera que pasee, que camine, por las mismas zonas, pueda ver.

A veces, también, me gusta que el punto de vista que la cámara traduce a pixels tenga un punto de intriga para quien la ve, para que se pare a identificar el contenido de la foto e, incluso, que localice desde dónde está tomada la fotografía.

Vale.

Wikileaks difunde

A través de varios medios de comunicación (en España, El País), la organización Wikileaks viene dando a conocer un número muy importante de documentos del Departamento de Estado de EEUU. Sobre ellos, muchos comentaristas, tertulianos y similares vienen vertiendo opiniones de todo tipo y sobre las que se echan en falta análisis crítico y, también, el momento en que los documentos se realizaron. Ejemplo: tras la segunda derrota electoral de Mariano Camps, su padrino político dudaba de su valía para ganar unas elecciones. Eso dice el embajador americano de entonces. ¿Diría Aznar lo mismo hoy ante un embajador de una administración americana distinta? ¿El embajador apreció que Aznar descalificaba a Mariano o lo afirmó categóricamente? No dejan de ser opiniones de un embajador de una administración, la norteamericana, nombrado por sus contribuciones a la campaña electoral de Bush, no por pertenecer al cuerpo diplomático.

Cuando el documento corresponde a asuntos como el terrorismo, Al Qaeda, talibanes, islamismo radicial, y otros asuntos del mismo grupo de temas, deberíamos tener en cuenta la incompetencia de los servicios de información estadounidenses, que no fueron capaces de detectar que quienes derribaron las Torres Gemelas se estaban entrenando en su propio territorio y que no han sido capaces de llevar a juicio a los responsables. Otro ejemplo son los informes detallados que Colin Powell exhibió en la Naciones Unidas para decir que Iraq disponía de armas de destrucción masiva, cuando era falso y servicios secretos más serios y eficaces, como los noruegos o los españoles, ya había informado a sus respectivos gobiernos de que no era cierto lo de las armas de destrucción masiva.

Las opiniones de los embajadores no dejan de ser eso, opiniones, no certezas. Cuando el embajador estadounidense dice que el fiscal de la Audiencia Nacional es proclive a que no se persiga a los asesinos (estadounidenses) de José Couso, ¿se está refiriendo a una impresión que el embajador saca de su conversación con el fiscal Zaragoza o a una afirmación rotunda? ¿Qué hizo, en el caso Couso, el fiscal Zaragoza? Y, por último, en el supuesto de que el fiscal actuara en sentido favorable a las tesis yankis ¿el juez admitió su criterio o siguió otro?

Lo relevante no son los cotilleos de un millonario norteamericano convertido en embajador por sus aportaciones económicas a un candidato presidencial, lo relevante es conocer si los hechos relevantes posteriores los confirman y cómo los confirman.

Establecer, sin distancia crítica, que los documentos filtrados determinan los hechos posteriores de un gobierno, incluido el propio gobierno de los EEUU, es un flaco favor a la libertad de expresión. Es cierto que conocer los documentos es muy útil, sobre todo para quienes, en el futuro sean invitados a canapés a las embajadas yankis. A cambio de canapés, el embajador de turno redactará, en exclusiva, una gacetilla para el Hello Yankees!

Y, a todo esto, tanto Wikileaks como los medios que están sirviendo de transmisión de los documentos filtrados señalan que no se utilizarán aquellos que puedan afectar a la seguridad de estados y personas. Y yo me pregunto: ¿durante todos los años de estancia en España del embajador Aguirre, nunca fue entrevistado por ningún medio de comunicación? ¿Nunca ningún director de ningún medio de comunicación español estuvo en la embajada norteamericana? Me parece raro que no fuera así cuando una de las funciones de los embajadores es la de transmitir a la sociedad del país en el que reside las bondades del propio.

Vale.

Reductos, atavismos

Ahora que se celebra el XXXII Aniversario de la Constitución Española y que en algunos ámbitos va cogiendo fuerza la necesidad de una reforma, de una reactualización, además del debate sobre la forma de Estado, conviene recordar que en estos años se ha sucedido múltiples reformas al amparo de la Carta Magna, en todos los sectores sociales.
Muchas de esas reformas, sobre todo las circunscritas a los ámbitos sociales, económicos, culturales, etc. se vienen manifestando como la realidad de haber alcanzado muchas metas que la dictadura franquista taponó en la homologación con los países de nuestro entorno.
Hay ámbitos en los que las reformas no se han llevado a cabo, dado el poder fáctico (todavía, sí) que detentan (ver en el diccionario la diferencia entre ostentar y detentar) amplios sectores. Por ejemplo, la Iglesia Católica y la Justicia. La necesidad de una reforma en profundidad de las relaciones entre el Estado y la confesión religiosa de mayor implantación nominal en el territorio se hace cada día más evidente. Si la religión, que es una creencia íntima e individual, se coloca en el espacio propio de la Constitución, la mayor implantación nominal disminuiría. Ahora, la práctica de la religión católica es gratuita (las limosnas del cepillo, las donaciones y demás elementos similares no cubren, ni con mucho, la nómina que perciben los curas ni los obispos). En el momento en que la Iglesia Católica hubiera de sostenerse con las aportaciones de sus fieles, sin la más que generosa aportación del Estado, el número real de quienes practican la fe católica disminuiría.
En cuanto a la Justicia, es clarificador un comentario que realiza el embajador yanqui Aguirre en uno de sus famosos cables puestos al descubierto por www.wikileaks.org. Afirma el embajador, más o menos, que afortunadamente la Justicia es uno de los sectores que pervive sin reformas desde el franquismo. Por supuesto, el embajador Aguirre, nombrado para tal cargo por ser amigo y donante electoral a las campañas del culto presidente Arbusto, digo Bush, es republicano y, seguramente ahora, sea miembro activo del Tea Party.
Hay otros sectores, en cambio, en los que las reformas han sido profundas y han conseguido grandes avances en cuanto a la calidad de los servicios que se prestan y a la capacidad de su ejecución. Pero que en lo atávico, en lo profundo, siguen chirriando esos cambios y esas reformas. Me refiero al Ejército. Decía el general Faura, al abandonar el cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército, que coincidió con la plena profesionalización de las FAS, que se había cambiado el modelo, pero que ahora quedaba lo más difícil, que costaría mucho, y es cambiar las mentalidades.
Muchos militares se aferran a las tradiciones (y cuando digo tradiciones, me refiero a las vinculaciones mucho más que formales, entre la milicia y la iglesia jerárquica) para combatir las decisiones que desde el Gobierno, a quien corresponde la dirección política de la Defensa, se adoptan. Así, tratar de separar los actos religiosos de los militares, o viceversa, supone, cada vez, un enfrentamiento, duro, jaleado especialmente por la extrema derecha que se sirve de medios cuyos propietarios son ultraconservadores, cuando no claramente fascistas. Es una muestra más de la dificultad de cambiar de mentalidad. El Estado español es, por definición constitucional, aconfesional (que es un concepto distinto de estado laico). Y, por tanto, el ejercicio público de la acción estatal, en todas sus vertientes, debería responder a esa aconfesionalidad.
No sucede en muchos cuarteles que se pueda diferenciar esa aconfesionalidad a la hora de realizar actos castrenses. Pero está más larvado aún ese atavismo religioso cuando el mando que ejercer en un recinto militar es activista religioso. En este caso, su activismo religioso preside, incluso, su agenda, de manera que cualquier actividad, por nimia que sea, que se desarrolle en el ámbito local donde está asentado el recinto, cuenta con su presencia destacada. Y muchas veces, en correspondencia con esa deferencia que iglesias, cofradías y similares tienen con el determinado mando, éste agasaja, en sede militar, y por tanto, en recinto de titularidad estatal, a los directivos de las cofradías, hermandades, etc.
Incluso, en los protocolos oficiales figuran los mayordomos y cofrades significados en lugares preeminentes, haciendo esfuerzos para lograr su asistencia, en tanto que la asistencia de autoridades civiles, políticas o administrativas, es menos considerada.
Vale.

El nuevo dogma: Wikileaks

Parece que Wikileaks está convirtiéndose en un nuevo dogma sin que se analicen algunas cuestiones.
Por ejemplo, ¿por qué un embajador se interesa porque un país amigo, aliado o socio, adjudique un contrato a una empresa del país que representa? Muy sencillo, si no lo hiciera, estaría haciendo dejación de sus obligaciones. Un embajador no representa al gobierno, representa al país, ni siquiera al estado. Los embajadores que nombra el gobierno lo son para ejercer sus funciones en representación del Reino de España. Lo grave sería que el interés del embajador correspondiente se tradujera en una lesión de los derechos del país en que reside.
Abengoa, ACS, Acciona... están pugnando en los EE.UU. Por la adjudicación de diversos contratos, como energías alternativas, alta velocidad ferroviaria. ¿Qué debe hacer el embajador? Según los dogmáticos, seguidores y fieles de Wikileaks, nada. Ni interesarse por los intereses de las empresas españolas ni informar al gobierno.
Cuando el embajador Aguirre, de los USA, nombrado por Bush, informa de una reunión o cena que ha tenido con el expresidente Aznar, informa al Departamento de Estado será porque es relevante para los intereses americanos. Que diga que Aznar no confía en Rajoy puede ser un chascarrillo... o no, pero para el presidente Bush, con tan buena relación con Aznar, puede serlo. También, cuando el embajador USA informa sobre el contrato del motor de una serie de helicópteros, a la que opta una empresa USA, General Electric, y se refiere a la buena disposición del presidente del gobierno de España, está cumpliendo con su obligación. Otra cosa es que ese contrato se adjudicara de modo ilegal... cosa que no ha sucedido, porque si no los competidores habrían acudido a los tribunales.
Wikileaks ofrece una serie de documentos. Quienes los distribuyen, determinados medios, están obteniendo buenos beneficios con el aumento de difusión ¿cuánto habrán pagado, a modo de donación, a la altruista organización de Assange? Porque gratis, no creo que haya sido la selección.
Por otra parte, es habitual, dentro de las funciones del embajador, mantener buenas relaciones con los medios de comunicación del país en que tiene su legación. Así, no es extraño que pueda reunirse con los directores de los medios de mayor difusión. Así obtiene información de primera mano sobre la imagen de su país en los medios y consigue, o debe conseguir, que ese medio “conozca” mejor a su país. ¿Por qué no ha aparecido ningún cable de reuniones, entrevistas, conversaciones, por ejemplo, del embajador Aguirre, de los USA, con medios españoles?
La aldea global en que la red se ha convertido, está convirtiéndonos en aldeanos, en el sentido que este término tenía en el siglo XIX. La contundencia de los documentos distribuidos por Wikileaks tienen la importancia de poner al descubierto la diplomacia de los EEUU, y de paso, la de todos los países que aparecen en los famosos cables. Asistimos al espectáculos como aldeanos del siglo XIX, estupefactos, con la boca abierta, y pensando que Wikileaks transmite un mensaje nuevo.
Sin embargo, para mí, sigue siendo un misterio la escasa o nula importancia que se le está dando al cable que tendría las claves de todos los 250.000 difundidos: “An wild wedding in Dagestan”.
Vale.

El medio es el mensaje

La gran importancia de los cientos de miles de cables diplomáticos publicados por diversos medios, escogidos, tras su obtención por Wikileaks, abre múltiples debates. Sobre la seguridad de las redes públicas, sobre la seguridad de la información sensible de los gobiernos (Wikileaks parece que publicará información sobre bancos), sobre el propio contenido de los cables y el funcionamiento de la diplomacia internacional. Poco a poco, también va tomando algo de fuerza, poca, es verdad, el debate sobre el periodismo de investigación.
Como mi blog es en castellano y mi interés personal está en mi país, me referiré a lo que pomposamente se llama periodismo de investigación, que salvo honrosas y muy importantes excepciones, no es más que un mercadeo económico para pagar confidentes, chivatos y similares. En muchos casos, ese presunto periodismo de investigación vende mercancía averiada y otras la mercancía no es más que el chantaje del chivato de turno. Ejemplo de esto último es el fabuloso ejercicio de autobombo de Jatapedro con sus pagos (¿con IVA o sin IVA?) al policía que “trabajó” en el Batallón Vasco Español y después le cambió el nombre a la franquicia. Aquello no era periodismo de investigación.
Ahora, Wikileaks, una organización (¿inocente, ingenua, altruista?) que ha designado determinados medios de comunicación (New York Times, The Guardian, Le Monde, El País...) para dar publicidad a los miles de cables diplomáticos que ha obtenido. La fuente de los documentos publicados no ha sido obtenida por El País ni ninguno de los otros medios elegidos, ha sido obtenida por Wikileaks sin que se tenga la más mínima idea de cuánto ha pagado Wikileaks a dichos medios (por supuesto, la entrega no ha sido gratuita, no es creíble), ni tampoco cuál ha sido el medio de obtención por la red sueca, ni cuánto ha pagado por la información (tampoco es creíble que la haya obtenido hackeando páginas web, porque el agujero ya habría sido tapado por los administradores de las páginas presuntamente violadas).
No se trata en modo alguno de matar al mensajero (creo que la información que se publica es muy importante para los ciudadanos a los que nos interesa cómo se ejerce el poder y cuáles deben ser sus límites y sus contrapoderes). Pero la opacidad de Wikileaks parece total (un ejercicio notable de periodismo de investigación sería, precisamente, poner negro sobre blanco, cómo funciona ese portal, cómo y quien lo administra, cómo y quién añade información al mismo...) y en materia de ejercicio del poder la transparencia ha de ser un valor frente al oscurantismo, y también debe serlo en la prensa (o debería serlo desde el punto de vista romántico, pero los medios de comunicación, como Wikileaks o El País, The New York Times, Le Monde, son empresas, y las empresas no son nunca románticas: están para ganar dinero).
La sensación que se obtiene de cómo se ha producido la filtración desde Wikileaks a medios seleccionados, del contenido de los mensajes, del oscurantismo del filtrador, no es otra que una cuestión superficial, banal. En realidad, este asunto se ha hecho estallar para dar validez absoluta y universal a una afirmación pocas veces probada como en este: el medio es el mensaje.
Wikileaks, el medio, transmite el mensaje de que a través de la red puede destruirse lo que se quiera, u obtener todo el poder que se quiera.
Al final, Wikileaks se ha convertido en el primero Rosebud potente de la era digital. Nada más, no hay nada más allá.
Vale.