El Predicador Aznar y sus sermones

De vez en cuando, Aznar El Predicador hace declaraciones o da conferencias como si desde un púlpito medieval se dirigiera a sus fieles: después de mí, ha venido el maligno.
La realidad, la tozuda realidad, es que la situación de crisis mundial tiene en España un hecho diferencial: la dependencia de nuestra economía durante los últimos años del sector inmobiliario (que no de la construcción), causada por la política especulativa diseñada y fomentada por los dos gobiernos de Aznar, entre 1996 y 2004.
Es así porque las modificaciones legislativas, primero por vía de real decreto y luego por ley, partían de un supuesto específicamente diseñado para especular, y que los especuladores, alentados por los bancos, aprovecharon hasta el límite. Para Aznar, sus normas sobre el suelo y las valoraciones de éste partían de un supuesto único: todo el suelo es urbanizable excepto el protegido. Esta filosofía, trasladada a normas legales, fue desarrollada entre otros por Porto Rey, que después fue nombrado Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre, hasta que fue cesado por su implicación en turbios manejos.
El mismo Porto Rey dirigió y orientó ideológicamente, por ejemplo, la Revisión del Plan General Municipal de Cáceres, en el que los primeros documentos planteaban un número de viviendas con capacidad para 325.000 habitantes en una ciudad que a día de hoy cuenta con menos de 95.000. Ese documento, tras sucesivas modificaciones y sometido al criterio de la Comunidad Autónoma ha visto recortadas esas previsiones prácticamente a la mitad (y siguen siendo previsiones muy altas).
Esta economía española amparada por el Predicador Aznar se trasladaba a noticias como aquellas que decían que tal o cual empresa (Martinsa, Fadesa…) habían obtenido créditos milmillonarios basados en que disponían de decenas de millones de metros cuadrados potencialmente urbanizables. Eso explica en gran medida la deuda inmobiliaria acumulada por los bancos, que éstos cifran en 325.000 millones de euros y que pretenden que sean asumidos por “alguien” (vamos, que están intentando endosárselos al Estado). Y eso explica que los bancos, con esa losa, hayan recortado drásticamente las disponibilidades crediticias para particulares en la adquisición de viviendas y para pequeñas empresas constructoras que solicitan hipotecarios para proyectos de suelo consolidado (no para expectativas) y que ven parada su actividad como consecuencia de la desmedida ambición derivada de una política con pies de barro.
Esta situación en la que las empresas tasadoras consideraban como ciertas las expectativas sobre suelos potencialmente urbanizables y que los bancos asumían alegremente, hasta llegar al momento actual, cambió porque el gobierno socialista, con la extremeña María Antonia Trujillo como ministra de vivienda, sacó adelante una nueva Ley de Suelo, en 2007, que de manera taxativa obligaba a que las valoraciones de suelos que no contaran con aprobación de planeamiento (es decir, el suelo vulgarmente conocido como rústico) se incluyeran en los balances de las empresas como tal suelo rústico. Esto hizo que los balances de las empresas con enormes bolsas de terrenos “potencialmente urbanizables” disminuyeran radicalmente y dejaran a los bancos colgados de unos créditos contra nada.
Este modelo, impulsado por el Predicador Aznar es en gran medida (si no en toda) el culpable de que nuestra situación económica sea diferente a la del resto de Europa.
Y todavía ese fulano tiene la desfachatez, propia de la impunidad con la que la extrema derecha sigue campando, de acusar a los demás. Y los bancos, acuciados por créditos sobre expectativas que nunca llegarán a recuperar, aculados en tablas y resoplando en busca del aliento del papá Estado, de ese papá del que el culpable de su situación siempre renegó en beneficio del mercado.
Vale.