En fechas pasadas, el Ministerio de Defensa anunció que a finales de 2009 se había alcanzado el objetivo legal de contar con 86.000 efectivos de tropa y marinería profesional en las Fuerzas Armadas. Ese objetivo, según interpretaciones de prensa no alejadas de la realidad, se consigue con la mezcla de una situación económica en crisis que lleva a los jóvenes a buscar trabajo en los ejércitos y con la mejora de las retribuciones y de las condiciones de vida en los cuarteles, iniciada por José Bono y continuada por sus sucesores José Antonio Alonso y Carme Chacón. La situación en la que el peor ministro que haya tenido nunca España (incluidos los de la Dictadura franquista) en materia militar, Federico Trillo, dejó a las FAS no podía ser más calamitosa.
El hecho de que ahora las FAS cuenten con los efectivos máximos de tropa marcados por el poder legislativo tiene algún efecto colateral que, en el caso de la ciudad de Cáceres, es necesario analizar.
Existe en esta ciudad un Centro de Formación de tropa del Ejército de Tierra, CIMOV nº 1, que a lo largo de 2010 sufrirá, negativamente, las consecuencias de haberse alcanzado el tope legal. No se sabe, a estas alturas del año, cuántos efectivos pasarán por sus instalaciones ni cuántos ciclos de incorporación se producirán durante el año, ni siquiera cuándo se incorporarán los primeros.
El Gobierno, en Consejo de Ministros, ha acordado, dentro de las medidas de austeridad necesarias para superar la crisis económica, la disminución de las tasas de reposición, sin excepciones, de empleados públicos. Los militares también lo son. Todavía el Gobierno no ha acordado la oferta de empleo público para 2010, en cuyo marco ha de incluirse la oferta de empleo para las FAS, y de la que se derivará el proceso de incorporación de nuevos soldados, para mantener la cifra de los 86.000. O lo que es lo mismo, si las bajas por cese de contratos son mínimas, la oferta será mínima.
En estas circunstancias, el futuro del Centro de Formación existente en Cáceres, y el de otros situados en otras ciudades, no se olvide, es complicado. La presencia militar en ciudades pequeñas, como es esta, es una fuente de ingresos para la economía local, y el acierto de la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, al gestionar, durante 2008, un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al que se sumó la Junta de Extremadura, garantiza que esa presencia militar tendrá continuidad, aunque el desarrollo del acuerdo de 2008 conllevará nuevas e intensas gestiones políticas.
La realidad actual, que lleva a que la necesidad de Centros de Formación sea menor que en los últimos 10 años, no debe, en modo alguno, plantearse como definitiva en cuanto a que el Ministerio de Defensa pudiera decidir el cierre del mismo, si bien sería deseable que el acuerdo de 2008 se desarrolle y se garantice que una fuente de ingresos para la economía local de tanta importancia, se mantenga.
En lo que se refiere al argumento, siempre manido, de la “histórica relación de la ciudad con el Ejército”, sencillamente no me lo creo. Y mi experiencia me lo dice. En todo caso, esa “histórica relación” lo ha sido (y, desgraciadamente, lo sigue siendo) en aspectos concretos y en intereses (muchas veces económicos) entre “destacados” miembros de la burguesía cateta local y los “altos mandos” (en realidad, no tan altos) del Ejército destinados a Cáceres.
Vale
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