El pasado jueves, 22 de
noviembre, nada más conocer la Sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el Impuesto Bancario, el presidente de la Junta de Extremadura,
José Antonio Monago, convocó a los medios de comunicación para
contar el cuento de la lechera de los 240 millones de euros.
El Impuesto Bancario,
implantado por el gobierno socialista de Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, fue recurrido por el gobierno de la Nación, presidido por
Aznar. Por el mismo partido que, ahora, quiere recoger los dineros
del impuesto. Aunque no está de acuerdo, la pela es la pela, ¡que
collons!
Nada más conocerse la
Sentencia del TC no sólo Monago, si no todos, partidos y medios de
comunicación se han lanzado a afirmar, sin ningún atisbo de
prudencia, los 240 millones de euros que ya están en la caja
autonómica... aunque todavía no lo estén.
Cuando un tribunal de
justicia dicta una sentencia, lo primero que se hace es comunicarla a
las partes. Después, como sucede en asuntos públicos, las partes se
pronuncian públicamente. Es decir, dicen aquello de que acatan la
sentencia. Y luego, con más calma, comienza el procedimiento de
ejecución de la sentencia.
De momento, solamente se
ha pronunciado una de las partes, la Junta de Extremadura, que, sin
ingresar en caja el dinero, ya lo ha gastado, pagando a sus
funcionarios una extra que el gobierno de la Nación ha suprimido.
Bienaventurados los funcionarios de la Junta, que de ellos es la
planta de juguetes de El Corte Inglés.
En el recurso contra el
Impuesto Bancario de Extremadura, la otra parte era, es, el Gobierno
de la Nación que, además de afear a Monago su rebeldía de salón,
ha manifestado que va a consultar a las instituciones europeas su
adecuación a las directivas comunitarias.
Después de conocida la
sentencia y posicionadas las partes (una, la recurrente, diciendo que
consultará a las instituciones europeas, y, la otra, gastando ya el
dinero que no ha recibido) que resolver lo más importante: cómo y
cuándo se va a ejecutar la sentencia.
Desde la entrada en vigor
de la ley recurrida hasta ahora, el proceso seguido debe haber sido
que los bancos hayan presentado las liquidaciones del impuesto y, al
no abonarlos por hallarse en trámite el recurso, hayan presentado,
como procede, avales por los importes correspondientes. Estos avales,
a su vez, habrán generado unos intereses en favor de la Junta de
Extremadura. La suma de las liquidaciones, más los intereses de los
avales, suponen, parece ser, 240 millones de euros.
¿Cómo actuará la
Junta? En principio, con las liquidaciones presentadas y avaladas
deberá ejecutar los avales y recibir las liquidaciones. Así de
fácil... Así de fácil si los bancos se dejan, claro. Las entidades
bancarias cuentan con potentes asesorías jurídicas y fiscales y,
sin duda, ejercerán todo tipo de acciones para retrasar la ejecución
de la sentencia. ¿O piensa la Junta que, así, sin más, los bancos
van a pasar por caja a llevar los euros adeudados?
Los bancos, como es
normal, actuarán según sus intereses. Nada más que sus intereses.
Si en materia de desahucios ya vemos cómo están actuando, en esta
materia no será menor su avaricia.
¿Cuándo pagarán los
bancos? En primer lugar, deben recibir una notificación de la Junta
de Extremadura en la que, a la vista de la Sentencia del TC,
determine que procede la ejecución de los avales y el cobro de las
liquidaciones anuales presentadas. Y los bancos pagarán cuando les
venga en gana.
O lo que al final viene
siendo lo mismo: el jueves, 22 de noviembre, Monago salió a engañar
con un artificio de marketing a sus funcionarios (los de Diputaciones
y Ayuntamientos extremeños no cuentan) anunciándoles algo que no
puede hacer. Pero ya gastó entonces 80 millones como si nada. Y así
sucesivamente.
Monago no puede gastar lo
que no tiene. No puede gastar lo que no sabe cuándo lo va a tener. Y
no depende ni de él ni del TC saber cuándo va a disponer del
dinero.
Lo más probable que
suceda es, siendo muy optimista, que los bancos retrasen lo que
puedan la entrega efectiva de los importes de las liquidaciones
avaladas. Ejecutar los avales por la Junta podría ser
contraproducente, porque los bancos recurrirían esas ejecuciones por
cualqueir prurito jurídico. También es muy probable que los bancos
traten de llegar a un acuerdo con la Junta sobre la entrega efectiva
de las cantidades adeudadas.
Y en el caso más
desfavorable, puede suceder que los bancos retrasen la ejecución de
la Sentencia hasta que las instituciones europeas, consultadas por el
Gobierno central, se pronuncien. En ese retraso contarían, además,
con el apoyo del Partido Popular y de, por ejemplo, su órgano de
prensa en Extremadura que ya hoy considera el Impuesto Bancario como
obsoleto.
En esta procedimiento que
se abre ahora para ejecutar la Sentencia del TC tampoco hay que
olvidar el contexto de crisis financiera y bancaria en que nos
encontramos y que los bancos, todos o algunos, acuerden pagar de modo
inmediato. Y al día siguiente, cierren oficinas y sucursales.
Por ello, en un ejercicio
de prudencia, debería estarse a no gastar lo que no se tiene, a no
gastar lo que no se sabe cuándo se tendrá, a no gastar lo que no se
sabe si finalmente se tendrá.
Vale.
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