#quehaydelomio Los autobuseros (II)

Nada más concluir las elecciones, los primeros, prácticamente, en pasar el cepillo para ver #quehaydelomio fueron los autobuseros. Mejor dicho, el Sindicato Libre de Transporte, minoritario en la empresa concesionaria del servicio.
Este Sindicato, que en la práctica funciona como una gestoría, había convocado unos paros, en plena campaña electoral, que la mayoría de los trabajadores no iban a secundar. Los paros se debían a los atrasos pendientes de cobro de cuando la empresa concesionaria era BUSURSA, de Gerardo Díaz Ferrán, el empresario modelo de Esperanza Aguirre y contribuyente neto a Fundescam.
Con los paros convocados, en plena campaña electoral, la candidata a alcaldesa por la derecha se comprometió a solucionar el problema de los atrasos y se desconvocaron. Por medio hubo algún guiño mutuo del que otro día hablaré.
Efectivamente, hace unos días, la alcaldesa, tras reunirse con el SLT, anunció que se había llegado a un acuerdo extrajudicial para que las demandas interpuestas por los trabajadores, auspiciadas por los sindicatos, se retiren, y la actual concesionaria, SUBUS (¿recuerda alguien con qué alegría acogió la entonces portavoz el acuerdo de transferencia de la concesión en Enero de 2011?), abonará los atrasos. En total, unos 250.000 €.
He esperado unos días para hacer este post pensando, ingenuo, que dada la transparencia de la que se vanagloria el nuevo gobierno municipal, el acuerdo extrajudicial se haga público para general conocimiento. Porque, en definitiva, un acuerdo extrajudicial es un contrato. O múltiples contratos si se realiza con todos y cada uno de los trabajadores.
Las demandas de los trabajadores contra BUSURSA incluían, como no puede ser de otra manera, al Ayuntamiento como responsable subsidiario, por cuanto se trata de un servicio municipal privatizado (o de “gestión indirecta”, como quieren hacer ver con lo del mercadillo del caudillo). Es decir, que si los trabajadores ganan el juicio, BUSURSA debe pagar, y si no paga BUSURSA deberá hacerlo el Ayuntamiento. Y, en cualquier caso, esa cantidad debe formar parte de la deuda que el Ayuntamiento arrastra con ese acreedor.
Pues bien, el acuerdo extrajudicial beneficia en primer término a la credibilidad de Don Gerardo, ya que una sentencia condenatoria saldría en los papeles y continuaría minando el crédito (?) que aún le pudiera quedar. El acuerdo extrajudicial beneficia a los trabajadores, porque cobrarán lo que se les adeuda. El acuerdo extrajudicial beneficia al SLT, porque le hace ganar crédito entre los trabajadores frente a los sindicatos “establecidos”, básicamente UGT y CSI-CSIF. El acuerdo beneficia a la actual corporación porque ha resuelto un problema.
Pero ese acuerdo, en tanto no lo conozcamos, perjudica a la credibilidad del actual equipo de gobierno por cuanto, como contrato, debe hacerlo público. Perjudica a la contabilidad municipal por cuanto traslada, cambia de sitio, una deuda, 250.000 euros, y se la endosa, en el sentido puramente contable, a la nueva concesionaria.
Ese contrato, o esos múltiples contratos si se ha firmado o está previsto firmarlo con todos y cada uno de los trabajadores (las demandas en el juzgado de lo social no están presentadas de modo “representativo” por los sindicatos, sino por todos y cada uno de los trabajadores). Habrá que saber si en la firma del contrato extrajudicial aparecen también los sindicatos como personas jurídicas parte en el proceso o como simples fedatarios.
En la práctica, lo que hace el Ayuntamiento frente a la nueva concesionaria no es sólo trasladarle una deuda, endosarle una deuda de la anterior concesionaria del servicio, si no utilizarla para resolver un problema. Y si la nueva empresa acepta de buen grado a abonar una cantidad considerable, que no le corresponde, está asumiendo unas obligaciones que tampoco le corresponderían. Otra cosa es que, en el orden social (los derechos salariales de los trabajadores) la nueva concesionaria aparezca como “una buena empresa”.
Pero el contrato, el acuerdo extrajudicial debe hacerse público e incorporarse, en su momento, al presupuesto municipal para que forme parte de la contabilidad pública. Y ahí veremos la transparencia.
En cuanto a las relaciones entre el SLT y el equipo de gobierno, hablaremos otro día de un documento .pdf realizado el 17 de mayo de 2011, en plena campaña electoral. O lo que es lo mismo, los trabajadores y sus salarios como moneda de cambio electoral y política. ¿Qué gana con todo esto el SLT? ¿Sólo “prestigio” entre los trabajadores? ¿Cuánto ha invertido en ese “prestigio”?
Vale.