En la edición digital de El Periódico Extremadura de 27 de marzo de 2012, podía leerse el siguiente párrafo final de una información sobre el futuro del Centro de Formación de Tropa nº 1, de Cáceres: Por todo, la alcaldesa vuelve a insistir en que el Cefot es "una prioridad" para Cáceres y para Extremadura, que "se seguirá trabajando en todas las direcciones posibles para garantizar sus funciones" y que "no se renunciará y se peleará sin cuartel" por su mantenimiento en Cáceres. (http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/temadeldia/la-alcaldesa-de-caceres-dice-que-no-renunciara-centro-de-formacion-militar_644924.html)
Ahora que el Proyecto de Recortes (digo, de Presupuestos) Generales del Estado están en tramitación en el Senado, al que pertenece la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, y al que también pertenece, por ejemplo, el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, ahora es el momento en el que la alcasenadora tiene la ocasión de demostrar lo que decía en tono entre sorprendida y enfadada por la noticia publicada respecto del futuro, más que negro, del mantenimiento del Cefot en la ciudad. Ya sabía ella, y muy bien, de primera mano, qué es lo que estaba pasando.
La situación precaria de futuro del Cefot de Cáceres, más cerca, cada vez, del cierre definitivo que de una continuidad garantizada ante la falta de oferta de empleo público para 2012 de tropa y marinería profesional y unas previsiones similares (o peores) para 2013, depende de los PGE.
Ahora, tras su aprobación en el Congreso, donde el PP, partido al que pertenece la alcasenadora Nevado rechazó, sin debate, sin dar ninguna explicación, una enmienda encaminada a garantizar la plena operatividad del Cefot, los PGE se encuentran en el Senado, donde Elena Nevado ha tenido la oportunidad de presentar enmiendas para garantizar la continuidad de la instalación militar en la ciudad de la que es alcaldesa. Pero no lo ha hecho. Ni ella, ni Alberto Casero, alcalde de Trujillo.
Ahora es cuando las palabras deberían haberse convertido en hechos. Pero no ha sido así. Mientras que en la ciudad impulsa una Plataforma con la que defenderse, a la que engaña manifestando no conocer la situación, cuando un mes antes de que esta plataforma eche a andar, ha implorado ante el Presidente del Gobierno su mediación con el Ministro de Defensa, en Madrid calla, y es cómplice de la situación de incertidumbre que se cierne, nubarrón más oscuro cada día, sobre la continuidad del Cefot.
El Ministerio de Defensa vincula la continuidad del Cefot a la “evolución de la oferta de empleo público”, al tiempo que anuncia, como hizo en vísperas del Día de las Fuerzas Armadas 2012, que anula todas las convocatorias de tropa para este año. La alcasenadora calla.
El Ministerio de Defensa vincula la continuidad del Cefot a la “evolución de la oferta de empleo público”, al tiempo que incluye una disminución de efectivos de tropa y marinería de 83.000 (31/12/2011) a 81.000 (31/12/2012), esto es, a una reducción neta de 2.000 soldados y marineros, lo que unido a la anulación de convocatorias para este año, impiden una renovación que sería la única opción posible para la pervivencia del Cefot.
En el trámite parlamentario que siguen ahora los Recortes Generales del Estado, en el Senado, con el silencio vergonzante de la alcasenadora, se ha presentado una enmienda, por parte de CiU, que ya fue rechazada en el Congreso (porque era igual en parte a otras de otros grupos minoritarios de izquierda), pero que tiene todos los visos de que, al ser la única que se presenta a la Disposición Adicional Vigésima Segunda. Una enmienda que reclama que el número de efectivos de tropa y marinería a 31 de diciembre de 2012 sea de 80.000. Su aceptación por el Partido Popular, seguramente ya pactada, puede formar parte los acuerdos (legítimos) entre formaciones políticas, pero que sería la puntilla definitiva, antes de finalizar el año, para el Cefot.
Hay que tener en cuenta, además, que los Recortes Generales del Estado, todavía en tramitación, quedarán obsoletos, en cuanto a previsiones de oferta de empleo público, a 30 de septiembre, cuando, por ley, el Gobierno de la Nación presente en el Congreso el Proyecto para el ejercicio 2013. La combinación de una disminución de efectivos, a 80.000, reclamada por CiU, junto con una más que previsible congelación (cuando no disminución) de las plantillas de personal de las Administraciones Públicas, puede ser letal, ya que la vinculación de futuro que se hace a la evolución de la oferta de empleo, no puede mantener, por más tiempo, una situación similar a la de un ERE encubierto para una instalación militar.
Vale.
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