Durante gran parte del mandato de José María Saponi al frente de la alcaldía de Cáceres (1995-2007), siempre con mayorías absolutas más que holgadas, la mayor parte de sus defensores a ultranza y de quienes, no siendo fieles seguidores se plegaban a sus decisiones, siempre se referían a su gran capacidad como gestor. Esa capacidad, cuando se trata de ciudades, se ve traducida, con el paso del tiempo, en aquellas realizaciones que repercuten en la calidad de vida de los vecinos y en la mejora de la ciudad como espacio de convivencia, esto es, en los equipamientos.
Más de una vez he planteado a muchos defensores de la gestión de Saponi que me señalen qué elementos de su gestión son los que han mejorado la calidad de vida de los cacereños y en qué elementos físicos, en qué equipamientos se ha traducido su gestión. La ciudad ha crecido, se han extendido los barrios, pero estos crecimientos no son sino realizaciones privadas, con la ejecución por las Juntas de Compensación de los distintos sectores de planeamiento. Equipamientos de titularidad pública, planificados, desarrollados y ejecutados por el propio Ayuntaminto, no existen. Quizá una sede de asociación de vecinos y poco más.
Tras 12 años de gobierno con mayoría absoluta, su recuerdo queda más por la enorme deuda en la que sumió al municipio y en la ausencia absoluta de equipamientos. Y alguna cuestión más que demuestra su incompetencia como gestor público. Veamos algún ejemplo.
El Ferial. La Revisión del Plan General Municipal, tramitada en su mayor parte con gobierno del PP, hasta que la Junta de Extremadura decidió que había elementos inasumibles y obligó a modificarlo a un gobierno municipal en minoría socialista, contenía alguna cuestión que habría de ser explicada.
El actual recinto Ferial de la ciudad tiene una superficie de unas 13 Has., y su entorno es el origen de la Revisión, ya que inicialmente se planteó una modificación puntual, redactada por Manuel Herrero (que luego resultaría director de la Revisión), incluyendo la aportación a las arcas municipales, como contrapartida, de 200 millones de pesetas para la construcción de un pabellón ferial. En los diversos documentos de la Revisión, hasta el aprobado el 4 mayo de 2007, 24 días antes de las elecciones municipales, los terrenos del municipio aparecían tramados en los planos de clasificación del suelo (Plano 3), mientras que en los planos de gestión aparecían sin trama, esto es, como suelo urbano. ¿Qué sucedía? Los terrenos se incorporaban al planeamiento urbano, pero a la hora de la gestión y desarrollo, volvían a ser suelo urbano, por lo que el ayuntamiento no podía obtener derechos urbanísticos (que llevan aparejadas obligaciones, obviamente). O lo que es lo mismo, los redactores del Plan, los libérrmos discípulos de Porto Rey, hurtaban al municipio de su participación con terrenos de propiedad pública, en una equivalencia no menor a suelo con capacidad para 500 viviendas.
Esta pérdida de derechos municipales es atribuible a la gestión de José María Saponi como alcalde de la ciudad, que no se preocupó, en modo alguno, de saber en qué condiciones quedaban en el planeamiento este y otros espacios de titularidad pública, no cómo se podían defender mejor los derechos municipales, es decir, los bienes públicos.
Afortunadamente, esta cuestión ha sido resuelta y así aparece en el documento redactado ya con un gobierno socialista, aunque minoritario, y todavía deberá solventar algún escollo, como la alegación presentada por los antaño generosos propietarios de terrenos circundantes y que ahora regatean todo lo regateable. Cuando plantearon la modificación del plan y ofrecían dinero para un pabellón ferial no eran tan generosos, contaban con la anuencia del gestor Saponi, y ahora, bien asesorados, tratan de torpedear que la ciudad pueda disponer de suelo para equipamientos necesarios, incluido el Pabellón Ferial, el Centro de Ocio, y, sobre todo, de la capacidad de generar recursos económicos para ello. Algo que con el gestor Saponi era inviable.
Vale.
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