Decía en mi entrada en
este blog de 29 de junio que para saber, definitivamente, el futuro
del Centro de Formación de Tropa número 1, Cefot de Cáceres,
habría que estar atentos al calendario de decisiones de política
económica que faltan. Una de esas decisiones era el techo de gasto
que el Gobierno propondrá al Congreso de los Diputados. Algo que
debió hacerse antes del 30 de junio, pero que la intervención de
nuestra economía por la Unión Europea ha retrasado casi un mes...
el tiempo que se ha tardado en dar instrucciones al que dicen
gobierno de España.
El viernes, 20 de julio,
el gobierno dio a conocer el techo de gasto para 2013, que será
mayor que el de 2012 (por el incremento del coste de la deuda), pero
que en realidad supone una disminución superior al 6% en el gasto
general del conjunto y que para los Ministerios supondrá un recorte
real medio de otro 12,2%.
La decisión de “cierre
temporal” de la Academia de Suboficiales de Talarn y del Cefot de
Cáceres, entre otras cuestiones, fue explicada en su momento por los
recortes presupuestarios. Recortes que se han plasmado en la Ley de
Recortes, digo de Presupuestos Generales del Estado para 2012,
aprobada en junio pasado y que incluían la disminución de 83.000 a
81.000 los efectivos de tropa y marinería. Con esta ley y con el RDL
de recortes salvajes de julio, se ha esfumado cualquier posibilidad
de que en lo que resta de año se lleve a cabo ninguna convocatoria
de plazas de soldados, “materia prima” necesaria para el
funcionamiento del Cefot de Cáceres. Incluso, la situación de
cierre temporal puede ser la causa por la que el examen de ascenso a
cabo, convocado para diciembre, no se celebre en las instalaciones
del Campamento de Santa Ana.
Corresponde, debería
corresponder, a los dirigentes políticos (el personal militar tiene
limitada su capacidad de “reivindicación”) locales, provinciales
y regionales del partido que sustenta al gobierno de la nación,
hacer las gestiones necesarias para que los recortes que se
desprenden del techo de gasto aprobado no terminen finiquitando (como
sin duda parece ser la solución final) la continuación del Cefot.
Además, al techo de
gasto tan recortado que la Unión Europea a ha obligado al Gobierno
de Rajoy a adoptar, hay que añadir las previsiones del documentos
“Visión 2025”, elaborado por el JEMAD (Jefe del Estado Mayor de
la Defensa) a petición expresa del Ministro. El documento, filtrado
(¿interesadamente, para ir allanando el camino?) a El País, y
publicado coincidiendo con la comparecencia del Ministro Morenés en
el Congreso para informar de la nueva directiva de Defensa, ha sido
elaborado por el JEMAD con las informaciones facilitadas, a su vez,
por los JEMES de los Ejércitos de Tierra y Aire y por el Almirante
General de la Armada.
Las previsiones del
documento “Visión 2025” cifran en 20.000 los efectivos (15.000
militares y 5.000 civiles) que deberá suprimir el Ministerio. Según
los publicado por el periodista Miguel González, en El Pais, la
mayor sangría de personal se llevará a cabo en el Ejército de
Tierra, unos 10.000 efectivos. Desde el punto de vista económico
(que es de lo que se trata) la mayor disminución, para que sea
efectiva, deberá darse en la tropa, entre otras razones porque los
mandos son funcionarios y sus retribuciones han de mantenerse, en
activo o en la reserva. La alarma causada por la publicación del
informe “Visión 2025” ha sido evidente en el ámbito del
Ejército de Tierra. Si, como se dice en dicho informe, se disolverán
dos brigadas (para entendernos, en Extremadura está la Brigada
Mecanizada XI), el número de soldados va a disminuir, y las
necesidades de formación de nuevas incorporaciones lastran, de modo
definitivo, el futuro del Cefot.
En este panorama, el
clamoroso silencio del presidente de la Junta de Extremadura, José
Antonio Monago, o del presunto número 3 de la dirección del Partido
Popular, Carlos Floriano, son la muestra, la prueba del 9, de que ni
quieren defender la continuidad del acuartelamiento de Cáceres, ni
pueden. Que no quieran es una decisión personal, pero que no puedan
es el sello que fija su incompetencia y su falta de compromiso con la
ciudad de Cáceres. Nada puede esperarse de estas dos personas, que
carecen de mérito y capacidad para conseguir que el Cefot de Cáceres
continúe.
En un segundo escalón de
responsabilidades políticas están dos alcasenadores, Elena Nevado,
de Cáceres, y Alberto Casero, de Trujillo. La primera, cuando fue
informada del cierre por la Subsecretaria de Defensa en 5 de marzo de
2012, calló la información, y solamente cuando tres semanas después
fue publicada por El Periódico Extremadura, se sorprendió y
reaccionó impulsando lo que en su día fue la plataforma pro-Cimov.
Pero lo hizo en defensa propia, como barricada. La pancarta que aún
cuelga del balcón de su despacho en el Ayuntamiento es la prueba
irrefutable de su incapacidad para haber resuelto favorablemente la
continuidad del Cefot. Su condición de senadora debería haberla
utilizada para presentar iniciativas parlamentarias que garantizaran
el futuro del Cefot. Pero las 225 familias que tienen en el
Campamento de Santa Ana su puesto de trabajo les da igual,
exactamente igual.
El segundo, el alcalde de
Trujillo, también es senador y todavía se está a la espera de que
se atreva a presentar alguna iniciativa en favor de la unidad
militar, alguna iniciativa para evitar que en cualquier momento se le
tenga que poner la cara como un tomate de “colorá” afeándole su
silencio. En cualquier momento, por ejemplo, cuando quiera presumir
de tener a los militares del Cefot en la Plaza Mayor de Trujillo
desfilando para él, para su ego.
Vale.
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