Parada de Av. de Alemania, 2. Domingo, 21-8-2011El Ayuntamiento de Cáceres, ahora gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular, se plantea una remodelación del servicio de autobuses urbanos. Y se lo plantea sin tener claro qué quiere, al menos eso es lo que se desprende de las pocas “informaciones” de que se dispone.
Algún medio de comunicación, al hacerse eco de la noticia, recurre, con el simplismo que ello comporta, a recoger la opinión de ciudadanos. Sean o no usuarios del transporte público. Pero esas opiniones sirven para reafirmar la noticia, la información elaborada.
En lo publicado el domingo en El Periódico Extremadura se aprecian algunas cuestiones que desenfocan el asunto y que, sin duda, suponen un punto de partida equivocado, tanto por lo que el medio (voluntarista) dice como por los conceptos que se utilizan.
Elijamos solamente dos aspectos. Uno, la opinión política, en este caso del concejal Valentín Pacheco, y otro, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona así.
En el primer caso, el concejal parece que ha dicho que la remodelación profunda se realizará dentro de dos años, cuando termine el actual período de concesión. Para que eso fuera cierto, en dos años debería estar resuelto un nuevo concurso del servicio. Un concurso que requiere, en primer lugar, fijar sus características, fijar sus costes previstos, fijar su incidencia sobre las relaciones laborales de los trabajadores afectados. En suma, requiere la formulación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, a redactar por los técnicos municipales, someterlos a todos los pasos administrativos previos, a cuantas consultas fueran necesarias (por ejemplo, a que las AAVV puedan, formalmente, presentar propuestas que lo mejoren, o a que los trabajadores de la actual concesionaria manifiesten sus criterios sobre cómo las características que el Ayuntamiento prevea afectan a sus condiciones de trabajo).
Dentro de dos años, el concurso del nuevo contrato debe estar resuelto y para ello el equipo de gobierno, que cuenta con una amplia mayoría, debería ya comenzar a elaborar los documentos, o a recoger, formalmente, propuestas de mejora del servicio. Cuenta para ello con mayoría absoluta, aunque esto no sea garantía de mejora, ya que el actual contrato se basa en un pliego redactado también con la mayoría absoluta del Partido Popular y ha resultado no solamente perjudicial para el propio servicio a prestar si no, lo que es más grave, lesivo a los intereses de la hacienda pública municipal.
En el segundo caso, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona de esta manera, la relación se establece en las opiniones de los vecinos vertidas en la información de prensa. Los vecinos, incluidas las AAVV, seguramente desconozcan (o no tengan en consideración, en caso de conocerlo) que el actual contrato, suscrito por un Ayuntamiento gobernado por la mayoría absoluta del Partido Popular, se basa en una contraprestación económica por kilometraje. Así, no es extraño que cada vez que desde el Ayuntamiento se pidió a Busursa un nuevo servicio o ampliar la distancia de alguna línea, lo hiciera tocando palmas con las orejas.
El servicio de autobuses en una ciudad con la morfología urbana que tiene Cáceres ha de basarse en puntos críticos extremos e irlos uniendo, ir tejiendo una malla que, en primer término, permita un buen funcionamiento del transporte y de la comunicación, de la movilidad, y, en segundo lugar, pero no menos importante, en una adecuada contraprestación económica.
Mientras que el actual equipo de gobierno siga pensando que el asunto se resolverá dentro de dos años, y los vecinos sigan pidiendo estirar las las líneas o aumentar las frecuencias de un servicio basado exclusivamente en el kilometraje, no se adelantará nada.
Póngase el equipo de gobierno ya a plantear un modelo de financiación del transporte urbano, con tipos de billetes combinados para usar entre dos líneas que unan puntos críticos distantes cuando no exista una de conexión directa, bonos de utilización por períodos horarios concretos, y otros sistemas ya existentes en otras ciudades (no se trata de inventar nada, sino de aprender de los que ya han andado el camino), y, sobre todo, póngase a definir las condiciones técnicas de un servicio que, por sus características y su importancia, debe tener una participación vecinal real y efectiva. Así nos evitaríamos un nuevo caso Busursa, por mucho que su dueño, don Gerardo, fuera el modelo de empresario ideal para Esperanza Aguirre, seguramente por se contribuyente neto a sus campañas a través de Fundescam.
Vale.
Algún medio de comunicación, al hacerse eco de la noticia, recurre, con el simplismo que ello comporta, a recoger la opinión de ciudadanos. Sean o no usuarios del transporte público. Pero esas opiniones sirven para reafirmar la noticia, la información elaborada.
En lo publicado el domingo en El Periódico Extremadura se aprecian algunas cuestiones que desenfocan el asunto y que, sin duda, suponen un punto de partida equivocado, tanto por lo que el medio (voluntarista) dice como por los conceptos que se utilizan.
Elijamos solamente dos aspectos. Uno, la opinión política, en este caso del concejal Valentín Pacheco, y otro, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona así.
En el primer caso, el concejal parece que ha dicho que la remodelación profunda se realizará dentro de dos años, cuando termine el actual período de concesión. Para que eso fuera cierto, en dos años debería estar resuelto un nuevo concurso del servicio. Un concurso que requiere, en primer lugar, fijar sus características, fijar sus costes previstos, fijar su incidencia sobre las relaciones laborales de los trabajadores afectados. En suma, requiere la formulación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, a redactar por los técnicos municipales, someterlos a todos los pasos administrativos previos, a cuantas consultas fueran necesarias (por ejemplo, a que las AAVV puedan, formalmente, presentar propuestas que lo mejoren, o a que los trabajadores de la actual concesionaria manifiesten sus criterios sobre cómo las características que el Ayuntamiento prevea afectan a sus condiciones de trabajo).
Dentro de dos años, el concurso del nuevo contrato debe estar resuelto y para ello el equipo de gobierno, que cuenta con una amplia mayoría, debería ya comenzar a elaborar los documentos, o a recoger, formalmente, propuestas de mejora del servicio. Cuenta para ello con mayoría absoluta, aunque esto no sea garantía de mejora, ya que el actual contrato se basa en un pliego redactado también con la mayoría absoluta del Partido Popular y ha resultado no solamente perjudicial para el propio servicio a prestar si no, lo que es más grave, lesivo a los intereses de la hacienda pública municipal.
En el segundo caso, sobre cómo funciona el servicio y por qué funciona de esta manera, la relación se establece en las opiniones de los vecinos vertidas en la información de prensa. Los vecinos, incluidas las AAVV, seguramente desconozcan (o no tengan en consideración, en caso de conocerlo) que el actual contrato, suscrito por un Ayuntamiento gobernado por la mayoría absoluta del Partido Popular, se basa en una contraprestación económica por kilometraje. Así, no es extraño que cada vez que desde el Ayuntamiento se pidió a Busursa un nuevo servicio o ampliar la distancia de alguna línea, lo hiciera tocando palmas con las orejas.
El servicio de autobuses en una ciudad con la morfología urbana que tiene Cáceres ha de basarse en puntos críticos extremos e irlos uniendo, ir tejiendo una malla que, en primer término, permita un buen funcionamiento del transporte y de la comunicación, de la movilidad, y, en segundo lugar, pero no menos importante, en una adecuada contraprestación económica.
Mientras que el actual equipo de gobierno siga pensando que el asunto se resolverá dentro de dos años, y los vecinos sigan pidiendo estirar las las líneas o aumentar las frecuencias de un servicio basado exclusivamente en el kilometraje, no se adelantará nada.
Póngase el equipo de gobierno ya a plantear un modelo de financiación del transporte urbano, con tipos de billetes combinados para usar entre dos líneas que unan puntos críticos distantes cuando no exista una de conexión directa, bonos de utilización por períodos horarios concretos, y otros sistemas ya existentes en otras ciudades (no se trata de inventar nada, sino de aprender de los que ya han andado el camino), y, sobre todo, póngase a definir las condiciones técnicas de un servicio que, por sus características y su importancia, debe tener una participación vecinal real y efectiva. Así nos evitaríamos un nuevo caso Busursa, por mucho que su dueño, don Gerardo, fuera el modelo de empresario ideal para Esperanza Aguirre, seguramente por se contribuyente neto a sus campañas a través de Fundescam.
Vale.
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