La neoliberal Esperanza Aguirre ha vuelto hacer alarde de su propensión a la media verdad y a la gran mentira para crear un debate que es, socialmente, muy peligroso. Me refiero a su propuesta de conferir a los profesores el status de autoridad para combatir las agresiones. Antes de analizar la media verdad y la gran mentira, señalo que me apena la forma con la que los sindicatos de la derecha (¿sindicatos de derechas? contradicción en sus propios términos) se han lanzado al seguidismo del titular de prensa y a propagar la buena nueva neoliberal (en realidad, neofascista) de Esperanza Aguirre.
La media verdad: Aguirre señala que ese status de autoridad lo sería solamente para los profesores de la escuela pública. No he visto, en los sindicatos de la derecha, ni en muchos otros foros, una explicación jurídica de la razón por la que la propuesta solamente afectaría a la escuela pública. Sencilla y llanamente, solamente podría alcanzar a esos profesores porque son empleados públicos, y la autoridad y su ejercicio en nuestro ordenamiento público solamente corresponde al Estado y sus administraciones. Por tanto, jurídicamente, lo que propone doña Esperanza es una media verdad.
La gran mentira: a Aguirre le da igual la autoridad de los profesores y su seguridad ante posibles agresiones, digo de los profesores de la escuela pública. Ella no ha lanzado su propuesta para defenderlos, ha lanzado su propuesta neofascista en su escalada política contra la escuela pública. Lo que ha querido evidenciar con su propuesta es una criminalización de la escuela pública, a la que solamente irían los hijos de los marginados, de los inmigrantes. Ha señalado a la escuela pública como germen de la delincuencia, y esta criminalización es una determinación política neofascista.
La fiscalía general del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en 2007, ya ordenó a los fiscales de su ámbito de competencia otorgar el tratamiento de atentado a la autoridad en las agresiones a profesores y a personal sanitario, en tanto que funcionarios públicos en el ejercicio de su función publica. En 2008, la Fiscalía General del Estado asumió esta línea de actuación y así está ordenado a los fiscales de todo el territorio estatal.
¿A qué viene, por tanto, la propuesta de Esperanza Aguirre? La propuesta política de Esperanza Aguirre no tiene camino jurídico por cuanto ya existe jurisprudencia emanada de las acciones fiscales llevadas a cabo en Extremadura en 2007 y en todo el Estado desde 2008. La media verdad no es necesaria.
El alcance de la propuesta es puramente político y solamente tiene entronque en la criminalización de la escuela pública, en la misma línea que ya hizo la misma Esperanza Aguirre con la sanidad pública y el caso del hospital de Leganés.
Lo triste es ver que sus propuestas neofascistas tienen tanto eco y son tan bien recibidas por sindicatos de derechas que, finalmente, están siendo correa de transmisión de esta y de otras aportaciones ideológicas de la derecha más antigua y reaccionaria que se conoce en Europa.
Vale.
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